El programa analizará el fenómeno y buscará medidas para prevenirlo y erradicarlo.
La iniciativa, del IPN; participan instituciones como UNAM, UAM y Colmex, entre otras.
La violencia imperante en el país permea diversos espacios sociales, como la familia, las relaciones de pareja o la escuela, lo cual conlleva profundas consecuencias para el desarrollo integral de las personas, advirtió Rodolfo Tuirán, subsecretario de educación superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien destacó que "este problema en la escuela es un obstáculo brutal para el proceso formativo y de investigación".
Junto con la directora general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante, el secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares, y Rocío García, presidenta del Inmujeres, el funcionario encabezó la firma del acuerdo para el establecimiento del Observatorio Zona Libre de Violencia en Instituciones de Educación Superior.
Desglosó que "dos tercios de los jóvenes reconocen que en el entorno escolar existen pandillas, vandalismo y violencia callejera; alrededor de 21 por ciento han sufrido algún robo, asalto o agresión en la escuela o en su entorno; cerca de 7 por ciento de las alumnas han sido objeto de hostigamiento o agresión sexual y una cuarta parte de jóvenes ha vivido situaciones de violencia o enfrentado agresiones sexuales con su pareja".
Tuirán agregó: "más de 40 por ciento de los jóvenes a menudo se sienten agredidos por expresiones como insultos; una proporción elevada manifiesta sentimientos de intolerancia hacia quienes tienen preferencias sexuales diferentes o padecen discapacidad física o pertenecen a algún grupo indígena", y remarcó que esta intolerancia es "semilla de la violencia".
Apuntó que esto conduce a generar en los estudiantes agredidos depresión e incluso ideas suicidas. "De hecho casi una quinta parte de las mujeres (19 por ciento) y alrededor un tercio de los varones (30.5 por ciento) han llegado a pensar en dejar de vivir".
Descartó que en las instituciones de educación superior operen grupos delictivos, pero subrayó que para cerrar cualquier posibilidad a la violencia se "elaboran protocolos de seguridad en los campus para enfrentar cualquier amenaza". No mencionó lo ocurrido en marzo pasado en el Tec de Monterrey, cuando dos estudiantes murieron durante un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios a las afueras del plantel, en Nuevo León.
Las instituciones educativas, dijo, "tienen enormes responsabilidades" para contribuir a erradicar la "cultura de la violencia"
En este contexto se inscribe el Observatorio, iniciativa del IPN que tiene su primer antecedente en un sondeo realizado en 2008 a 13 mil de sus estudiantes de niveles medio y superior, el cual arrojó resultados preocupantes, sobre todo porque denotaban una "invisibilización" de las agresiones, refirió Martha Tronco, coordinadora del Programa de Gestión con Perspectiva de Género del Poli.
El Observatorio será un órgano colegiado que hará investigación sobre la violencia y tomará medidas para prevenirla y erradicarla, entre ellas, la formación de redes de comunicación.
En una primera etapa participan en el Observatorio, el IPN, la UAM, la UNAM, la UPN, El Colegio de México y la UAEM, mientras que la SEP, el Inmujeres, la ANUIES y el Imjuve serán instancias de apoyo.
Los nuevos proletarios
En otro acto, Tuirán indicó que en la sociedad mexicana los nuevos proletarios son los excluidos de las tecnologías de la información y la comunicación.
Cada vez más las brechas digitales determinan los accesos "diferenciados al conocimiento, al desarrollo de la investigación y muchos otros mecanismos de inclusión o exclusión. Eso es determinante de la posibilidad que tienen las personas de integrarse o ser excluidos en la sociedad del conocimiento", sostuvo tras participar en la firma de un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet.
Según la SCT, 68 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet de banda ancha, lo que genera la denominada "brecha digital" frente a una pequeña parte de la población que sí cuenta con ese servicio.
Para revertir esa situación, la SCT considera necesario aplicar una política pública "agresiva" para que los mexicanos en alta marginación puedan beneficiarse de las ventajas de las tecnologías de la información.
El subsecretario de la SEP afirmó que es importante, entonces, avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura en comunicaciones e informática, "aunque es evidente que hay rezagos específicos".
Tuirán aseguró que los sistemas educativos en todo el mundo enfrentan "el desafío" de utilizar las nuevas tecnologías para formar estudiantes y "educarlos digitalmente", y destacó la importancia de proveer a los estudiantes de las herramientas necesarias para el siglo XXI.