La educación en México, con o sin Reforma, está por los suelos: 17 estados están reprobados

http://www.sinembargo.mx/24-06-2016/3057163

Por Redacción / Sin Embargo junio 24, 2016

La educación en México está reprobada, y esta es una realidad en la que la Reforma Educativa no influye, ni siquiera cuenta. Así lo dicen al menos un informe de una Organización No Gubernamental, otro más de la OCDE e incluso uno del propio Gobierno federal, que destacan el rezago en aprendizaje, permanencia, condiciones materiales, sistemas de apoyo y nivel de gasto público en todos los estados del país, lo que significa que el Estado mexicano, en todos los niveles de Gobierno, incumple con su responsabilidad de garantizar el derecho constitucional de los niños a aprender.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– Tres informes publicados en los últimos siete meses –entre noviembre de 2015 y junio de 2016– coinciden en que, con o sin la aplicación de la Reforma Educativa, la educación en México está reprobada en rubros como calidad del aprendizaje; promedio de permanencia y escolaridad; nivel y distribución del gasto público; competencias como lectura, matemáticas y ciencias; falta de condiciones básicas en los planteles y desigualdad de servicios educativos en las poblaciones más vulnerables, entre otras.

Este martes, la organización Mexicanos Primero dio a conocer los resultados de su estudio “Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa-Estatal 2016” (ICRE-E 2016), donde se compara a las 32 entidades federativas de la República Mexicana, tomando en cuenta el contexto socioeconómico, a través de Resultados Educativos [aprendizaje y permanencia] y Condiciones Educativas [personas, relaciones y procesos de aprendizaje, condiciones materiales y sistema de apoyo].

Con estas referencias, el organismo encontró que ninguno de los 32 estados del país cumple con la responsabilidad de garantizar el derecho de los niños a aprender, pues en una escala de uno a 100 puntos no hubo uno que rebasara incluso los 80.

Además, del total de las entidades 17 se situaron con calificación por debajo de los 60 puntos, lo que de acuerdo con ese indicador significa que están reprobados y tienen problemas serios para otorgar el derecho a la educación de los alumnos.

Los 17 peor calificados en el ICRE-E-2016 fueron: Quintana Roo, con 5.9 de calificación; Sinaloa, con 5.8; Querétaro, con 5.7; Sonora, con 5.6; Tamaulipas, con 5.6; Morelos, con 5.5; Baja California, con 5.4; Durango, con 5.2; Nayarit, con 5.2; San Luis Potosí, con 5.2; Jalisco, con 5.2; Guanajuato, con 5.1;, Guerrero, con 5.1; Veracruz, con 4.6; Michoacán, con 3.8; Oaxaca, con 3.7, y Chiapas, con 3.4 puntos.

En tanto, los mejores calificados en el indicador fueron; Aguascalientes, con 7.4; Zacatecas, con 6.8; Colima, con 6.7; Ciudad de México, con 6.5; Coahuila, con 6.5; Puebla, con 6.4; Hidalgo, con 6.2; Nuevo León, con 6.2; Baja California Sur, con 6.2; Tlaxcala, con 6.2; Estado de México, con 6.2; Chihuahua, con 6.1; Tabasco, con 6.1; Yucatán, con 6.0, y Campeche, con 6.0 puntos.

Los resultados son también dramáticos en cuanto a la medición del componente “aprendizaje”, donde sólo Puebla alcanzó una calificación aprobatoria, de 70.4 puntos, y el resto de los estados quedaron reprobados al no alcanzar indicadores por arriba de los 60 puntos.

El Índice reveló, entre otros muchos rubros, que de cada 100 niños que entran a primero de Primaria, seis años después 80 son los que entran a Secundaria; luego de tres años son 52 los que llegan al Bachillerato y en tres años más sólo 16 inician los estudios de Licenciatura.

Además, destacó, el promedio nacional de escolaridad en el país es de 8.8 años; es decir, los mexicanos estudian en promedio hasta el segundo año de Secundaria, mientras que en Noruega la escolaridad es de 13.9 años [educación superior], en Estados Unidos es de 13.3 años [educación superior], en Canadá es de 13.2 años [educación superior], en Corea es de 12 años [Bachillerato concluido] y en Chile es de 10.6 años [primer año de Bachillerato].

En el aprendizaje en Ciencias, por ejemplo, el 47 por ciento de los alumnos mexicanos tienen un nivel de entre cero y uno, es decir de reprobados, cuando los estándares internacionales de acuerdo con los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA marcan como calificaciones adecuadas el nivel tres y alto el de cuatro, cinco y seis. Sólo el 2.2 por ciento de los alumnos mexicanos reporta un nivel alto.

Lo mismo sucede en el conocimiento de las matemáticas, donde 54.7 por ciento está en el nivel de cero y uno, y sólo 4.3 por ciento está en el nivel alto.

En cuanto a lectura, 41.1 por ciento está entre cero y uno, y 4.9 por ciento en los niveles más altos de aprendizaje.

Una de las conclusiones de este indicador pinta con toda claridad la enorme problemática educativa que vive México en nuestros días.

“Al ritmo que vamos nos tomará 77 años alcanzar el promedio mundial en ciencias y 149 años para alcanzar al primer lugar”.

EFECTOS DE LA DESIGUALDAD

El 15 de junio pasado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un organismo del Gobierno mexicano, presentó a los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados el “Informe 2016. La Educación Obligatoria en México”.

En esa ocasión, Sylvia Schmelkes, Consejera Presidenta del INEE, reconoció que la posibilidad de permanencia de los alumnos en la escuela disminuye conforme se avanza entre niveles educativos. También dijo que una cantidad importante de alumnos de Preescolar llega a la Primaria con aprendizajes insuficientes, y que existen enormes brechas en los aprendizajes de los alumnos según los tipos de escuelas.

La funcionaria destacó que en México se observan tendencias positivas en el aprendizaje de los estudiantes, pero insuficientes para lograr la metas educativas esperadas.

“Para alcanzar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad se requiere de una distribución más equitativa del gasto público y una atención prioritaria de los programas que buscan la equidad”, afirmó. Por ello dijo que es necesario mejorar con urgencia los servicios educativos de las poblaciones más vulnerables y de menor desempeño, pues es en las escuelas indígenas y comunitarias, en las zonas más marginadas y en las familias con menores recursos donde se registran los resultados de aprendizaje más bajos.

Los resultados, expuso ante los diputados federales, muestran que el sistema educativo opera “de manera insuficiente y desigual”, y que en ninguna modalidad los centros escolares cuentan en su totalidad con las condiciones básicas.

En la tarea de cerrar las brechas educativas entre distintos grupos poblacionales ayudaría una mejor distribución del gasto y tomar en cuenta la población objetivo que debe ser atendida, “pues el costo de educar no es el mismo en los diferentes tipos de escuela y regiones del país, lo cual se agrava por la heterogeneidad estructural del sistema educativo”, planteó en su Informe la Consejera Presidenta del INEE.

GASTO INSUFICIENTE EN EDUCACIÓN

En noviembre de 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los 36 países con mayor desarrollo del orbe, presentó el informe “Panorama de la Educación 2015”, que incluyó datos de 2012 y 2013. En una videoconferencia desde París, Francia, Gabriela Ramos, consejera especial del Secretario General de esta organización, José Ángel Gurría Treviño, dijo que el gasto total de México por estudiante es uno de los menores de los países que conforman el organismo.

En 2012, refirió, México invirtió 2 mil 600 dólares por estudiante de primaria, 3 mil por cada uno de secundaria y 8 mil 100 dólares por cada alumno de educación superior. Las cifras, destacó la funcionaria, están muy por debajo del promedio de la OCDE, cuyo gasto por estudiante ese año fue de 8 mil 200, 9 mil 500 y 15 mil dólares, en cada uno de los rubros citados.

Del gasto total mexicano para educación en 2012, sólo 2.5 por ciento se destinó a capital (activos que duran más de un año, como construcción, renovación y reparación importante de edificios escolares), el cual es mucho menor al promedio de 7.1 por ciento que en ese rubro invirtieron Brasil, Colombia, Irlanda, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Turquía.

El reporte expuso que de 2005 a 2012 la población de mexicanos de 25 a 34 años que habían alcanzado la educación media superior creció de 38 a 46 por ciento, pero si bien se dio un incremento, el país está lejos de alcanzar el promedio de la organización que es de 83 por ciento. Además, sólo uno de cada tres adultos de 25 a 64 años de edad terminó ese nivel de educación.

Otro dato del informe dio cuenta que en el país el número de jóvenes de 15 a 19 años que se encuentran en educación pasó de 48 a 54 por ciento entre 2005 y 2013, pero pese a ese aumento México ‘‘fue uno de sólo dos países de la OCDE y asociados [el segundo fue Colombia] donde menos de 60 por ciento de las personas en esas edades estaban inscritos en el sistema educativo’’.

En el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, el reporte precisó que el porcentaje de las mujeres de 20 a 24 años de edad que se encuentran en esa situación es ‘‘considerablemente mayor’’ al de los hombres en la misma edad. Entre 2000 y 2012 el número de mujeres en esa condición bajó de 46 a 39 por ciento, mientras en los hombres creció de 6 a 10 por ciento. El promedio de los países de la organización pasó de 22 a 19 por ciento para ellas en ese periodo y de 14 a 16 por ciento para ellos.

Gabriela Ramos detalló que México es el país de la OCDE con el promedio más alto de estudiantes por profesor. En 2013 había 32 alumnos por cada docente, cifra que es más del doble del promedio de la organización. Además, en las escuelas públicas hay 20 estudiantes más que en las privadas por maestro.

MALA CALIDAD EDUCATIVA

Antes, en junio de 2015, la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos situó a México en el último lugar en materia de educación y competencias.

De acuerdo con el informe “¿Cómo va la vida?”, en México sólo 37 por ciento de los adultos de entre 25 y 64 años concluyó la Secundaria, muy por debajo del 75 por ciento que representa el promedio de la OCDE y uno de los más bajos entre los países miembros [además de Rusia y Brasil, que fueron agregados a este informe].

El organismo internacional situó la calidad de la educación en México 80 puntos debajo de su promedio, que es de 497 puntos: los estudiantes mexicanos obtuvieron 417 puntos de 600 del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) aplicado en el 2012 en los rubros de lectura, matemáticas y ciencia.

El informe destacó también que la diferencia en los resultados entre alumnos con el más alto nivel socioeconómico y con el más bajo nivel fue de 70 puntos, también menor al promedio de la OCDE: 96 puntos.

La OCDE expuso que la pobre formación educativa de los mexicanos tiene al país sumido en tal “mediocridad” productiva que, desde hace 20 años los indicadores de crecimiento económico de México van en picada y a la fecha son hasta 60% inferiores al promedio del resto de los países miembros.

Una de las principales razones de ese “mediocre rendimiento”, destacó el estudio “México, políticas prioritarias para aumentar las habilidades y el conocimiento de los mexicanos para una mayor productividad”, es el “pobre nivel de habilidades de su fuerza de trabajo” y su bajo desempeño escolar, esto a su vez causados por la poca calidad de un sistema educativo que dejó de ser atractivo y que, “en contraste con el resto de los países, no necesariamente reduce el riesgo de estar desempleado”.

La reforma a la educación en México

http://www.forbes.com.mx/la-reforma-a-la-educacion-en-mexico/#gs.sFNJjsM

La reforma educativa promulgada ubica únicamente algunos elementos administrativos, pero da escasas pistas sobre lo fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La educación es uno de los elementos más importantes que las sociedades tienen para poder desarrollarse. Una persona con educación básica que le permita tener capacidades para resolver los problemas que enfrentamos todos los días, seguramente tendrá más éxito en su vida que una persona que no tenga esa educación mínima. En el lenguaje reciente, las competencias o las capacidades marcan distintos enfoques de esta discusión.

En México hemos tenido problemas para que todas las personas tengan educación y que ésta sea de calidad. Una educación de calidad implica que los maestros, alumnos, padres de familia y las personas que están alrededor de las escuelas, se comprometan a que la experiencia en el salón de clase forme personas capaces de ejercer su ciudadanía, resolver problemas cotidianos y tener la posibilidad de seguir en su proceso formativo.

Cuando las maestras y los maestros llegan a tiempo, pasan lista, cuentan con pizarrón, libros, etc. y tienen las herramientas básicas para poder transmitir conocimientos a sus alumnos y se comprometen, entonces cumplen con su función. Cuando las alumnas y alumnos asisten a clase con condiciones de nutrición y condiciones mínimas de aprovechamiento, entonces su logro educativo mejora.

Cuando los padres ven a la escuela, no como una guardería, sino como una parte importante del desarrollo de las capacidades de sus hijos y colaboran con el esfuerzo, entonces se logra una parte del esfuerzo. En México, la discusión sobre las escuelas de tiempo completo se ha asumido como necesaria para que las madres puedan trabajar, pero no se ha hecho énfasis en el modelo educativo, lo que realmente soporta una iniciativa de ese tipo.

Cuando en la construcción de la infraestructura educativa no se escatima en cubrir necesidades básicas, como baños, agua, etc., por no decir pizarrones, bancas o techos, entonces se abona al esfuerzo educativo. Cuando las maestras y maestros pueden actualizarse para ir junto con los alumnos en asumir las experiencias que la sociedad genera a través de su desarrollo común, entonces hay otro elemento de ayuda en este proceso.

Cuando todo esto, y otras cosas más, pueden ser medidas a través de sistemas de gestión y evaluadas para saber qué procesos, qué productos y resultados se han generado con el dinero que es de todos, entonces podemos corregir el rumbo e incorporar o establecer una crítica sobre lo que hacemos.

La reforma educativa que el Congreso pasó y el presidente promulgó, ubica únicamente algunos elementos como la contratación y evaluación de profesores, la administración del personal, etc., pero da escasas pistas para saber cuáles son los elementos fundamentales para ubicar la operación básica de las escuelas, las áreas de responsabilidad, el modelo educativo, el currículo, las horas de trabajo, los materiales, las técnicas didácticas, los objetos de aprendizaje, etc.

La educación es un proceso muy complejo que enfrenta grupos con diversos intereses, enfoques sobre los sistemas, recursos, infraestructura, perspectivas en los contenidos, horas de trabajo, etc. Sobre todo eso no se ha discutido y tampoco está en la mesa de negociación entre autoridades y maestros inconformes.

Es evidente que donde hay maestros hay posibilidades de control político. México no es el único ejemplo de ello, pues prácticamente en todos los países ocurre. Es más, ese no es el problema real del sistema educativo, sino aquel que tiene que ver con que nos estamos quedando muy atrás en la construcción de capacidades entre los niños y jóvenes mexicanos, que resentiremos en 15 o 20 años, cuando otros países que si hicieron la tarea, se ubiquen por encima de nosotros en desarrollos tecnológicos y de conocimiento en los que nosotros no hemos invertido.

De acuerdo a una proyección hecha por HSBC para el año 2050, México estará entre las 10 economías más grandes del mundo en ese año. Parte de la causa es el tamaño de la población, sin embargo ¿cuál será el aporte de nuestra economía al desarrollo de la región? Esa es una de las discusiones que resultan urgentes para orientar el espacio educativo.

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*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México."

Gustavo López Montiel

Doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York). Profesor de Ciencia Política en el Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, Ciudad de México.

“Tragedia educativa mayúscula”, demostrada en prueba PISA: especialista

http://aristeguinoticias.com/0712/mexico/tragedia-educativa-mayuscula-demostrada-en-prueba-pisa-especialista/

Si México no mejora la calidad de su educación, se estará condenando a la mediocridad, alertó Marco Antonio Fernández de México Evalúa.

Los resultados de la prueba Pisa demuestran que México vive una “tragedia educativa mayúscula” ante la que los gobiernos y la sociedad no pueden ser omisos, pues de lo contrario se estará condenando al país a la mediocridad, advirtió Marco Antonio Fernández.

El especialista en temas educativos de la organización México Evalúa apuntó que el reporte “Pisa, América Latina y El Caribe, ¿Cómo le fue a la región?”, le produce “tristeza, frustración e indignación”.

En entrevista con Aristegui Noticias, el también miembro de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, reveló que “desde hace 15 años, cuando se aplicó la primera prueba Pisa, México no ha reportado ninguna mejora en matemáticas, ciencias o lectura y nuestros estudiantes se encuentran en niveles básicos o mal desempeño“.

Aseguró que estos resultados no implican necesariamente el fracaso de la Reforma Educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que comenzó apenas a implementarse en 2014 y “habrá que esperar si impactará o no” en la calidad de este servicio.

Sin embargo, alertó que no ve signos positivos con lo que está ocurriendo en los estados: “no se ha transparentado la asignación de plazas; los docentes no están recibiendo tutorías para su capacitación; continúa el pago a comisionados, y persisten los aviadores en la nómina. Todos estos son elementos que minan la Reforma Educativa”.

Marco Antonio Fernández subrayó que todo esto demuestra que persisten las “prácticas de corrupción y clientelismo” en el reparto de las plazas docentes y la distribución del presupuesto educativo.

El especialista destacó que lo grave es que entre los gobiernos estatales y el Federal “hay una serie de omisiones y complicidades” que permiten estas situaciones.

“Sería una nueva tragedia que en tres años, cuando se aplique nuevamente la prueba Pisa, México no haya logrado avance alguno. Se estaría condenando a la mediocridad, a empleos de mala calidad, a no ser competitivos ante el mundo y a tener ciudadanos deficientes”.

Por ello, el integrante de México Evalúa destacó que “la inacción es inaceptable” y que los padres de familia tienen que asumir un rol más activo “y no solo dejar a los niños en las escuelas, no toda la responsabilidad educativa es del docente“.

Mientras que las organizaciones y la sociedad deben exigir a las escuelas públicas y privadas que rindan cuentas de los recursos que reciben y de las ausencias de los profesores; así como a los secretarios de educación de los estados y a los gobernadores que cumplan con sus atribuciones “y no le echen la bolita a la SEP“.

Concluyó que, por desgracia, las autoridades solo actúan cuando reciben “un guamazo político”.

Reforma educativa: engaño, mito y fraude

http://www.jornada.unam.mx/2015/06/24/politica/018a1pol?partner=rss

Imanol Ordorika

Las acciones y discursos del gobierno federal en torno a la llamada reforma educativa se han convertido en factor de polarización social y política en nuestro país. Sus impulsores y defensores han generado grandes expectativas respecto de la mejora del sistema educativo nacional. En realidad esta reforma sólo ha constituido un engaño, un mito y un fraude.

El engaño radica en que se ha hecho creer a la sociedad que cambios normativos –cuyos propósitos son el control político y laboral de los maestros, el realineamiento y continua sumisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al partido oficial y al gobierno, y el sometimiento de otras organizaciones gremiales de oposición– son una reforma educativa de verdad, enfocada al mejoramiento de la educación pública. La evidencia del engaño es la ausencia de una propuesta educativa general, que tuviera como referente la realidad actual, las necesidades del país y el proyecto de desarrollo nacional, a la que correspondiera una filosofía educativa bien definida y planteamientos pedagógicos consistentes.

El engaño se funda en un mito insostenible: la evaluación de profesores de educación básica es la acción fundamental para elevar la calidad educativa. La evaluación, que es la propuesta central y casi única de lo que han dado en llamar reforma educativa, tendrá efectos en las nuevas contrataciones, la promoción, la carrera magisterial y la remoción de maestros del trabajo docente. Ninguna de estas acciones produce por sí misma una mejora de la educación.

El mito está sustentado en la denostación y desprestigio intencional de los maestros mexicanos, a quienes se les presenta como el problema principal de la educación en México. En esto han jugado un papel fundamental las campañas de Televisa y las diatribas del grupo de presión Mexicanos Primero. Para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y estos grupos el problema son los maestros, y la solución que han puesto en práctica son estas medidas de control.

El fraude radica en que tanto la SEP como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) saben que las evaluaciones que han propuesto son impracticables. Que sólo están en condiciones de realizar valoraciones superficiales e incompletas. Que éstas no tendrán los resultados que les han atribuido y que impactarán negativamente las condiciones profesionales, laborales y de vida de decenas de miles de maestros mexicanos.

Desde la creación del INEE, en documentos oficiales y declaraciones de su presidenta, se ha señalado que la evaluación docente no podía ser homogénea, sino que era necesario "considerar en las acciones de evaluación, desde el sistema educativo y hasta el aula de clases, la diversidad de realidades, culturas y lenguas que existen en el país, lo que sin duda es una de sus mayores riquezas" (INEE, "La evaluación en el contexto de la reforma educativa").

De acuerdo con las normas y leyes establecidas, la SEP, bajo la autoridad del INEE, realizará cuatro tipos de evaluaciones: para el ingreso a la profesión docente, para la promoción (la que se acaba de realizar), para la permanencia y para "promoción en la función por incentivos", antes carrera ­magisterial.

La evaluación más problemática es la de permanencia. Según la ley, 1.4 millones de maestros tienen que ser evaluados cada cuatro años. De ello depende su continuidad en el ejercicio de la labor docente. Significa que cada año tendrán que ser evaluados más de 350 mil maestros, sólo en esta modalidad. El INEE y la SEP nos hacen creer que pueden concretar una evaluación completa y a profundidad, que atienda la diversidad y heterogeneidad existentes en el país. Ellos saben que esto es imposible. Por eso es un fraude.

Costará 28 mil millones de pesos echar a andar la reforma educativa

http://www.jornada.unam.mx/2013/08/15/sociedad/032n2soc

Estimación del proyecto presupuestal elaborado por la SHCP

Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Laura Poy
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 32

Las tres leyes reglamentarias con las que se pretende echar a andar la reforma educativa tendrán un costo promedio de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), es decir, casi el doble del presupuesto anual que se debería destinar al crecimiento de la cobertura en educación superior.

Un eje central en las normas del Servicio Profesional Docente, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la reforma a la Ley General de Educación (LGE), es la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).

Su organización y aplicación estará a cargo del INEE, no de la dependencia federal, y para el nuevo organismo se contemplan nuevas facultades, entre ellas diseñar las evaluaciones de docentes y alumnos, así como un sistema de indicadores educativos.

También se destaca que a fin de fortalecer la gratuidad de la educación, el cobro de cuotas estará prohibido.

Los recursos públicos que se deberán canalizar para aplicar las leyes secundarias contemplan que de 28 mil 305 millones 551 mil 416 pesos, al menos 8 mil millones 466 mil se destinen al retiro voluntario de docentes, otros 905 millones a la jubilación; en ambos casos el requisito serán 30 años de servicio.

Para la figura de asesores técnicos pedagógicos, que se convierte en una promoción inicial para docentes frente a grupo, se destinarán 15 mil 256 millones, pues se considera asignar uno por cada 200 alumnos, y 4 mil 129 millones de pesos para quienes se desempeñen como tutores, ya que se pretende asignar uno por escuela.

Asimismo, se faculta al INEE para determinar los "niveles mínimos" para el ejercicio de la docencia y las funciones de dirección y supervisión en la educación básica y normal, a fin de buscar su "idoneidad".

El instituto deberá presentar un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el sistema educativo nacional.

Se crea el Sistema de Información y Gestión Escolar, que tendrá entre sus competencias regular y operar un nuevo padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, así como un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, con el fin de establecer un sistema nacional de información educativa.

Con la reforma a la LGE se buscará el impulso a la autonomía de la gestión escolar, la apertura paulatina de escuelas de tiempo completo, con jornadas de seis a ocho horas, así como la creación de "microempresas" destinadas al suministro de alimentos sanos en las escuelas, para evitar la venta y consumo de comida chatarra, para lo cual se emitirán nuevos lineamientos.

Debido a las nuevas competencias que se le otorgan al INEE como responsable del SNEE, la Secretaría de Educación Pública propone modificar la ley del sector para establecer que es al instituto al que corresponden las atribuciones para coordinar y evaluar la "calidad, el desempeño y los resultados" del sistema educativo del país.

Cambian leyes secundarias régimen jurídico y laboral de los maestros

http://www.jornada.unam.mx/2013/08/15/sociedad/032n1soc

Laura Poy, Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Peridico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 32

De no aprobar evaluaciones podrán despedirlos sin responsabilidad del Estado

Trabajadores de reciente ingreso serán evaluados de manera permanente y tendrán periodos de inducción de dos años con apoyo de tutores, figura equivalente al capataz.

Las iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa, presentadas por el Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y supervisores, desde prescolar hasta bachillerato, quienes podrán ser despedidos de no aprobar las evaluaciones de desempeño, sin responsabilidad para el Estado.

En el caso de profesores activos, se establecen nuevos mecanismos de evaluación para su desempeño y en caso de no aprobarlos en tres oportunidades serán reasignados o podrán solicitar el retiro.

Para los trabajadores de reciente ingreso hay nuevas reglas: evaluación permanente y periodos de inducción de dos años, con apoyo de tutores, figura de nueva creación, equivalente a un capataz, y de no aprobar esta etapa, saldrán del servicio magisterial.

Se incluye la creación de un Servicio Profesional Docente, el cual en un plazo no mayor de mes y medio, luego de la entrada en vigor de la ley respectiva, contará con un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al que se facultará para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

A pesar de que estas propuestas han desatado el rechazo del magisterio disidente en todo el país, y de una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para realizar foros de consulta donde se escucharían los planteamientos de los profesores, los nuevos marcos normativos establecen profundas modificaciones a las bases y procedimientos del desarrollo profesional docente, con funciones directivas y de supervisión en la educación básica y media superior.

Entre las medidas que podrían aprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, está el diseño de nuevos perfiles, parámetros e indicadores de la labor docente, así como el impulso a una nueva política administrativa de control de plazas.

Con la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente se determinan ascensos por concurso de oposición para directores y supervisores, y un nuevo programa de estímulos económicos, que sustituirá a la Carrera Magisterial.

Además, habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la plaza de base, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades.

En las otras dos iniciativas, la Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los maestros en servicio sólo podrán garantizar su permanencia siempre y cuando se sujeten a los procesos de evaluación de desempeño, que se aplicarán por lo menos una vez cada cuatro años.

Los profesores deberán someterse además a una evaluación interna, que estará a cargo del director de la escuela y los profesores, la cual deberá ser permanente, aunque no tendrá sanción ni consecuencias administrativas o laborales.

También se prohíben los cambios de adscripción voluntaria durante el ciclo escolar, a fin de impulsar un reordenamiento de las plantillas docentes en las escuelas, y su reasignación donde estén incompletas.

¿Es privatizadora la reforma? Sí

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/18/opinion/026a2pol

Manuel Pérez Rocha

El incentivo de un buen maestro lo constituye el avance de sus estudiantes, esa es su mayor satisfacción y lo que da sentido a sus afanes. Un buen maestro es aquel que tiene la pasión, el compromiso de lograr que sus estudiantes progresen porque los valora como personas, porque los respeta y los aprecia. Si un maestro tiene esta actitud vital, y el Estado garantiza las condiciones laborales y materiales adecuadas, lo demás vendrá por añadidura. Los reconocimientos, las promociones, los estímulos económicos –conceptos que dirigen a la mal llamada reforma educativa–, son sobornos que se practican en los medios empresariales (y en otros ámbitos) para lograr que los trabajadores realicen tareas que en sí mismas no les interesan, les desagradan, los enajenan. Para los patrones, los trabajadores son sus subordinados, sus empleados (según la etimología de esta palabra, sus doblegados); sin los sobornos no es previsible que hagan las cosas como quiere el patrón o el jefe. Esta no es la relación que ha de establecerse entre el Estado y el magisterio.

Hay quienes opinan que las motivaciones externas a los maestros, los estímulos, no hacen mal pues, argumentan, refuerzan sus motivaciones intrínsecas, o remedian su ausencia. Falso: esos sobornos causan destrozos en las actitudes de los individuos y en las relaciones de los cuerpos académicos. Sobre esto no es necesario especular, esos perjuicios son ya resultado grave de la aplicación prolongada de los mecanismos de soborno en todos los niveles de nuestro sistema educativo: la carrera magisterial en la educación básica, los diversos programas de estímulos en la educación media y superior, el SNI en la investigación.

La educación pública democrática nada tiene que ver con los antivalores en que se sustentan las actividades empresariales. La educación pública democrática no es siquiera un servicio más del Estado benefactor. La educación pública democrática es un derecho humano básico, esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En la educación pública, el Estado democrático realiza, como en ninguna otra responsabilidad, una función social e histórica esencial. La Constitución establece que la educación que imparta el Estado debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; no es una educación que se limita a capacitar para el empleo, o a enseñar a leer y manejar las matemáticas (como ordena la OCDE). Es una educación integral que comprende el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no solamente el entrenamiento en competencias.

Los valores definidos por el artículo tercero de la Constitución, tal como lo redactó el Constituyente surgido de la Revolución, están en el polo opuesto del individualismo y la competencia que reina en el mundo empresarial. De manera reiterada, la Constitución establece como sujeto un nosotros. Dice de la educación: atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. La educación que imparta el Estado debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

La reforma impuesta con precipitación irresponsable por los intereses políticos del nuevo gobierno institucionaliza antivalores que contradicen esta filosofía. Consagra al maestro como “ homo economicus” y a la escuela como una estructura jerárquica en la cual el director es considerado como un líder (sic) que ha alcanzado este puesto de privilegio, esta promoción, por medio de la rivalidad con sus colegas (concursos). Los maestros quedan como empleados cuyos ingresos y permanencia están sujetos a los resultados de evaluaciones. Ha quedado desechada como una utopía, o una ingenuidad, una organización escolar horizontal, democrática, que permita la construcción de comunidades de aprendizaje.

Por supuesto, tienen que extirparse del sistema escolar los escandalosos vicios que en materia de contratación y designación de funcionarios introdujeron, en complicidad, la dirección del SNTE y los gobiernos del PRI, y consolidaron los del PAN, y que han sido combatidos por la CNTE. Pero este grave problema no se va a resolver con la adopción de los antivalores y modos de operación de las empresas privadas, en las cuales la moda es confiar en los liderazgos y la compra de las voluntades de los empleados. La reforma educativa necesaria exige cambios de fondo, de concepción, propios de la trascendental función pública de la educación. Las funciones de dirección y supervisión deberían ser asumidas colegiadamente y definidas como un servicio, no como una promoción o estímulo que generan codicia; esos concursos que se presentan como una panacea se traducirán en la destrucción del tejido social de la institución y en el desarrollo de todo tipo de corrupciones.

La reforma se desentiende de la responsabilidad del Estado en cuanto al sostenimiento de la educación pública. Niega a las escuelas la necesaria autonomía que deberían tener para resolver los problemas propiamente educativos, en cambio determina esta autonomía (¿abandono?) en el ámbito económico. Sin hacer la menor consideración acerca de la obligación del Estado de atender las necesidades materiales de las escuelas, se asigna a éstas, como si se tratara de entes privados, la responsabilidad de gestionar ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Esta autonomía económica es una puerta más para que intereses privados mercantiles hagan negocios en las escuelas.

No faltan, pues, razones para que los maestros vean en estas reformas una política de privatización. Por supuesto, el gobierno no va a ofrecer en venta las escuelas. No, la privatización consiste en la imposición de los antivalores y las formas de operar de las empresas privadas en el sistema escolar público.

Prevalece en secundaria modelo para adolescentes de hace 40 años

http://www.jornada.unam.mx/2013/07/10/sociedad/039n1soc

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de julio de 2013, p. 39

Frenar la deserción implicará revisar la currícula y su estructura: Martínez Olivé.

Debe garantizarse la permanencia con un sistema de más estímulos porque los jóvenes han avanzado y se han abierto al mundo, mientras la escuela no lo ha hecho al ritmo que debiera, señala La educación secundaria ha dejado de ser atractiva para niños y jóvenes, pues ya no está respondiendo a quienes son los adolescentes actuales, afirmó la subsecretaria de Educación Básica, Alba Martínez Olivé, quien destacó que la escuela secundaria mantiene un sistema formativo que fue diseñado para jóvenes de hace 30 o 40 años.

Pese a que desde la administración de Vicente Fox la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó la reforma integral a la educación secundaria (Ries) para, entre otros fines abatir la deserción, enfatizó que para el próximo ciclo escolar 2013-2014 una meta será garantizar que los chicos permanezcan en la escuela, y encuentren un sistema con más estímulos, porque los muchachos han avanzado, se han abierto al mundo, mientras la escuela no lo ha hecho al ritmo que debería.

En entrevista, luego de participar en la entrega del Programa de Becas Semilla en la sede de la SEP señaló: No teníamos demasiado claro que se nos estaban yendo los muchachos de secundaria. La percepción era que esto ocurría básicamente en educación media superior y se focalizó en este nivel educativo. Hoy sabemos que también tenemos un problema serio en la secundaria, explicó.

Por ello, advirtió que frenar la deserción escolar en la enseñanza media implicará la revisión de la currícula, pero también analizar cómo está estructurada la secundaria, de tal manera que podamos pensarla como una escuela para los jóvenes, donde los adolescentes se sientan reflejados, que sus intereses se atienden y que están donde pueden aprender.

Cada año más de un millón abandona las aulas: INEE

De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sistema educativo nacional expulsa de sus aulas a 342 mil alumnos de secundaria por año, es decir, 5.6 por ciento de su matrícula total, que es de poco más de 6 millones de alumnos en todo el país.

Advierte que mientras en primaria el porcentaje de estudiantes que abandonan las aulas es de 0.7 por ciento, es decir, 105 mil menores, en bachillerato se eleva a 625 mil jóvenes, lo que representa 14.9 del total de quienes logran inscribirse en educación media superior.

En total, destaca el INEE, cada año desertan de las aulas de educación básica un millón 75 mil adolescentes, lo que representa 3.6 por ciento del total de la matrícula nacional para esos niveles educativos.

Las principales causas del abandono escolar en secundaria, destacó Martínez Olivé, es la distancia que existe entre quienes son estos jóvenes que acuden a la escuela, que conocen los medios, que leen en Internet, que tienen acceso a información diversa, y que llegan a un sistema hecho para quienes eran adolescentes hace 30 o 40 años, donde no tienen toda esta serie de estímulos.

Reconoció que garantizar su permanencia en el aula y que logren los aprendizajes esperados no será una tarea sencilla, por lo que los consejos técnicos escolares impulsan que los docentes analicen esta situación y puedan tomar decisiones.

Según el resumen del Sistema Educativo Nacional para el ciclo 2011-2012, en México se matricularon 6 millones 167 mil 424 alumnos en secundaria, lo que representa poco más de 17 por ciento de la matrícula nacional.

En cuanto a su tasa de absorción de menores que han concluido la primaria, la SEP destaca que alcanza 97 por ciento, pero mantiene una eficiencia terminar de 84.2 por ciento.

Nuevos vientos en el magisterio

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/21/opinion/019a2pol

Luis Hernández Navarro

Este 15 de mayo, la celebración del Día del Maestro fue diferente a la de años anteriores. El centro del acto oficial no fue el reconocimiento presidencial a la labor del magisterio ni el anuncio del incremento anual al salario de los docentes, sino la defensa de la reforma educativa.

En contraste, en más de la mitad de las entidades del país, centenares de miles de maestros tomaron las calles para exigir la abrogación de la reforma educativa y denunciar el raquítico aumento obtenido por la dirigencia institucional del sindicato.

La ceremonia oficial en Los Pinos estuvo marcada por la ausencia de Elba Esther Gordillo, al frente del sindicato magisterial durante casi 24 años, y hoy inquilina en el reclusorio de Tepepan. Su lugar fue ocupado, con más pena que gloria, por Juan Díaz de la Torre. Su presencia fue de utilería. Como menciona la nota de Rosa Elvira Vargas y José Antonio Román en La Jornada, Peña Nieto hizo referencia al SNTE sólo en dos ocasiones.

Las movilizaciones magisteriales del 15 de mayo muestran que el descontento contra la reforma educativa es una bola de nieve que crece cada día. Se extiende a estados en los que aparentemente no sucede nada y se radicaliza. En Chiapas, los profesores de la sección 7, comenzaron un paro indefinido de labores. En Baja California, los docentes bloquearon durante 90 minutos la garita internacional Tijuana-San Isidro.

Enrique Peña Nieto dijo en Los Pinos que la educación no se privatiza ni se concesiona, que es y seguirá siendo una función pública irrenunciable del Estado mexicano. Aseguró que los derechos del magisterio están a salvo. Los maestros democráticos lo desmintieron. Denunciaron que la reforma educativa abre la puerta a la privatización de la enseñanza y afecta gravemente conquistas laborales, como la de la permanencia en el empleo.

En la ceremonia estuvo presente, pero no habló, Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública. Sus continuos desplantes autoritarios han polarizado el mundo educativo. Sus muy desafortunadas declaraciones sobre la reforma y el conflicto magisterial han avivado la llama del descontento entre los profesores.

Para los maestros, la negociación salarial fue un fracaso. El SNTE obtuvo apenas un aumento directo al sueldo de 3.9 por ciento, 1.7 en prestaciones y 0.35 en otras bolsas de apoyo. El resultado está por debajo de lo alcanzado en años anteriores. Es la primera ocasión en los últimos siete años, que el sindicato no rebasa el tope salarial para los trabajadores.

El 14 de mayo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y los dirigentes de PRI, PAN y PRD se reunieron durante dos horas con una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los maestros presentaron un programa alternativo de enseñanza, claramente diferenciado de la nueva reforma, titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos, que hizo evidente que tienen propuestas educativas sólidas. Además, expresaron sus críticas y preocupaciones a la reforma y exigieron su abrogación. Los integrantes del pacto respondieron que no hay marcha atrás en ella y ofrecieron presentarles un documento explicando sus bondades. Al finalizar quisieron que se hiciera una declaración conjunta ante la prensa, pero los profesores se negaron a tomarse la foto con ellos.

“La reunión –resumió como balance Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 democrática– puede ser la base para avanzar y construir acuerdos, pero también puede quedarse en una reunión de buenas intenciones.”

Mientras, cobra fuerza entre especialistas educativos y juristas una interpretación de los alcances y contenidos de la reforma, contrapuesta tanto a la defendida por Emilio Chuayffet como a la incorporada en las propuestas de legislaciones secundarias que se analizan en la Cámara de Senadores. Este análisis aborda tres conflictos: federalismo educativo, evaluación única y permanencia en el empleo.

La reforma –apunta esta lectura– no es centralista, ya que no enuncia de manera explícita que la rectoría de la educación será exclusiva de la Federación, e, incluso, deja algunos espacios abiertos para la incorporación del orden local y municipal en dicha actividad.

Sobre la evaluación, señala que la reforma la define como obligatoria, pero no como única. El concepto de evaluación única no aparece una sola vez en la iniciativa del Ejecutivo o los dictámenes de ambas cámaras. Además, una reforma educativa con una evaluación única sería contraria al orden constitucional, que indica que hay que fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad. Por ello, –sostiene– se puede acordar en la legislación secundaria la disposición a efectuar una evaluación elaborada a partir de los lineamientos del INEE, pero con contenidos regionales propios.

La reforma –señala esta interpretación– condiciona la permanencia en el empleo a la evaluación, pero se refiere no a quienes ya están trabajando y adquirieron derechos, sino a quienes se vayan integrando al servicio docente a partir de la promulgación de la nueva legislación. El derecho a la irretroactividad cuando una norma nueva sea perjudicial, es un derecho constitucionalmente reconocido a los maestros y a todo mexicano en términos del artículo 14 de la Constitución.

Nuevos vientos soplan en la educación pública. La resistencia magisterial contra la reforma educativa crece y se extiende nacionalmente. Las negociaciones entre ese movimiento, el gobierno federal y el Pacto por México comienzan a abrirse. Nuevas lecturas de la reforma que liman sus aspectos más punitivos y controladores comienzan a abrirse paso entre especialistas educativos y juristas. La economía se desploma. El gobierno federal necesita concentrarse en sacar adelante las reformas para aumentar y generalizar el IVA y privatizar Pemex. Para hacerlo, le urge quitar presión a las protestas de los maestros, convertidos en un actor incómodo e inesperado. ¿Dejará de lado algunos de los aspectos más negativos de la reforma educativa? El desenlace de esta historia no está escrito. Pero, por lo pronto, los nuevos vientos anuncian tempestades.

¿Qué educación?

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/09/opinion/026a1pol

Adolfo Sánchez Rebolledo

Es un lugar común decir que el destino de la reforma constitucional en materia educativa será el que le confieran las leyes correspondientes que aún están por aprobarse en el Congreso. Se ha divulgado que las iniciativas están terminadas, listas para discutirse, pero lo cierto es que mientras se extiende el conflicto magisterial, el gobierno se abstiene de informar, lo cual no ayuda a canalizar racionalmente el debate ni a distender el clima de confrontación que hasta el día de hoy acompaña a la reforma. Resulta inexplicable que la Secretaría de Educación Pública no salga a defender la exposición de motivos que inspira el proyecto gubernamental o, por lo menos, a rechazar las que considera como interpretaciones erróneas en torno a la gratuidad, el carácter público de la escuela y la visión punitiva de la evaluación que alimentan el temor de vastos contingentes de profesores cuya labor se realiza, justamente, en las regiones donde la precariedad y el desamparo son realidades ominosas pero tangibles.

Allí, como en todo el país, la autoridad tiene la responsabilidad de informar y convencer, no menos que los partidos que dicen representan a la ciudadanía, pero es obvio que esa preocupación si existe ha fracasado. El solo hecho de que la Secretaría de Gobernación sea la que lleva la voz cantante en las “negociaciones” con los maestros disidentes y no la de Educación, repito, da cuenta de la anomalía de origen que está en este delicado asunto. Por cálculo, desdén burocrático o burda impericia, una vez más, como en tantos otros problemas, se ha dejado correr la situación hasta que ésta llega al punto de la confrontación que, al parecer, es el único que conmueve a una sociedad cada vez más acostumbrada a observar la vida bajo la óptica del maniqueísmo televisivo, a juzgar a los movimientos sociales menos por sus causas y objetivos que por sus (¿fatales?) impactos negativos en la vida cotidiana. Sin embargo, la autoridad no mueve un dedo hasta que las cosas la obliguen a intervenir “con toda la fuerza del Estado”, según la frase hecha acostumbrada, lo cual condiciona, a su vez, la táctica de violentar las reglas para hacerse escuchar, dejando ver que los mecanismos democráticos, la legalidad y el diálogo son instrumento ficticios en estas latitudes. Lejos de atender el origen de la protesta –cuando ésta es real y documentable, no como en la UNAM–, se abre el espacio a la imaginación conspirativa, a toda suerte de prejuicios autoritarios (de los que no escapan tampoco los disidentes) y se deja el terreno en manos de provocadores que se agigantan a la vista del fuego.

Sin embargo, es un hecho que la educación es uno de los temas nacionales que más preocupan a la ciudadanía y su tratamiento debería concitar atención, responsabilidad y respeto. Hay que ver tan sólo la clase de esfuerzos que realizan las familias pobres para que sus hijos reciban al menos las primeras letras, aunque luego el “sistema” los recicle como analfabetos funcionales. Y es que, por mucho que se hable de las aspiraciones pedagógicas, lo cierto es que la enseñanza no puede sustraerse al entorno social y por lo tanto debería juzgarse con criterios integrales para dar respuestas adecuadas a situaciones concretas. Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), recogidos por este diario, las condiciones de pobreza afectan a por lo menos 8.5 millones de estudiantes de prescolar, primaria y secundaria, que viven en comunidades de muy alta y alta marginación en el país”. Acuden a 124 mil planteles que enfrentan carencias de infraestructura y equipamiento, pero el mayor problema desde el punto de vista escolar estriba en las condiciones de vida de los niños y jóvenes que son atendidos en ellos. El relato del maestro Daniel Hernández, que trabaja en una comunidad a 16 horas de la capital oaxaqueña, ilustra la situación: “Todo sigue igual. Escuelas de carrizo, alumnos sin zapatos que llegan sin probar bocado. Y toda su subsistencia depende de la tierra, donde siembran maíz, chile, calabaza y ejote. Empleo no hay. Toda su esperanza para alimentarse está en la milpa de temporal… Los niños no tienen ninguna comodidad. No hay camas ni estufa en la casa. Y con esas condiciones llegan a la escuela con hambre. Muchos se aguantan, pero buscamos darles aunque sea una tortilla con sal, porque nuestra tarea no sólo es educar. También hay que estar comprometido con la comunidad y enfrentar sus carencias.”

La pretensión de llevar adelante la reforma educativa sin considerar esas diferencias regionales, culpando al maestro por las fallas del sistema, sería tanto como consagrar para la eternidad la desigualdad que ya caracteriza al modelo educativo mexicano, con sus grandes divisiones entre la enseñaza urbana y la rural, la pública y la privada, pero también entre aquella que atiende con calidad a los educandos y la que sólo aparenta instruir para acreditar el presupuesto… o el negocio confesional y la inversión particular. Claro que la educación nacional está en crisis y es necesaria la reforma, más allá de si se compran o no millones de computadoras y otros insumos apantallantes descontextualizados, pero es imposible suponer que en este punto tras las disputas pedagógicas no habrá diferencias ideológicas que dirimir, pues por mucho que se esfuercen los sabios en la materia, también aquí se juegan los intereses, las visiones del mundo, los valores.

Justo porque esas contradicciones son reales y no invenciones transnochadas es que nos urge un acuerdo en lo fundamental para saber qué educación queremos y qué maestro necesitamos para salir de esta crisis y avanzar hacia el futuro. No basta con que los partidos y sus representantes suscriban un pacto o se agreguen líneas a la Constitución. Aún es necesario escuchar las voces de la sociedad, sobre todo de los maestros y de los jóvenes, antes de que pierdan la esperanza. Y llevarlas a la ley.

Una propuesta educativa desde el México profundo

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/07/politica/019a2pol?partner=rss

Luis Hernández Navarro

El pasado jueves 2 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entregó a la Secretaría de Go­bernación un documento titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos (http://cnteseccion9.wordpress.com/). Allí, en seis apretadas cuartillas, se resumen tanto sus razones para oponerse a la reforma educativa en curso como su propuesta pedagógica.

El proyecto alternativo del magisterio democrático expresa el sentir de cientos de miles de docentes de todo el país, sobre todo de los provenientes de los estados con mayor pobreza, marginación y violencia. También de aquellos que laboran en las orillas de los grandes centros urbanos, muy lejos de los enclaves de prosperidad. Ellos atienden a una parte muy importante de la población que no tiene al español como primera lengua, a hijos de familias partidas por la migración y a pequeños de poblaciones rurales ajenas a cualquier bienestar material.

Hacia la educación que necesitamos los mexicanos es un programa de enseñanza elaborado a partir de las raíces sociales profundas de los profesores democráticos y de su compromiso con el país. Un texto surgido de su presencia como maestros –y a menudo como líderes cívicos y sociales– en comunidades (muchas de ellas indígenas), pueblos y ciudades de todo el país. Ellos conocen, mejor que cualquier autoridad gubernamental, muchas de las partes más problemáticas de la nación. Son testigos directos de la incapacidad del Estado para dar una educación digna a niños y jóvenes. Desde hace décadas, se han encargado, en condiciones verdaderamente difíciles, con muy pocos recursos y grandes carencias, de formar a estudiantes que con frecuencia llegan a las aulas sin probar bocado, presionados para dejar la escuela a la brevedad.

Su propuesta educativa surgió de multitud de foros, talleres, reuniones, seminarios y encuentros pedagógicos efectuados a lo largo de más de tres décadas. Es una síntesis de una diversidad de experiencias prácticas conscientemente ignoradas o desconocidas por los funcionarios educativos. Allí se resumen propuestas como el Plan alternativo para la transformación de la educación en Oaxaca (PTEO), el movimiento pedagógico José María Morelos y Pavón de Michoacán, las escuelas altamiranistas de Guerrero y muchos otros proyectos más elaborados en escuelas o regiones escolares de distintas entidades.

En el documento los maestros ratifican su rechazo a la reforma educativa, porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre niñas y niños, maestros y escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir, vigilar, estimular y castigar. Por el contrario, se trata de una norma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Es una legislación centralista, atentatoria de la pluriculturalidad y multietnicidad de la nación. Se trata de una reforma acordada vertical y autoritariamente, sin una discusión nacional, al margen de quienes deben llevarla a cabo: los maestros de banquillo.

Hacia la educación que necesitamos los mexicanos propone una verdadera transformación de la enseñanza basada en una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones.

Advierte el grave problema de la desigualdad en la enseñanza que existe en el país. Para enfrentarlo, propone aprobar el gasto de 12 por ciento del PIB para la educación a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros. En 2013 se le asignó apenas 567 mil 379 millones de pesos, equivalente a 3.78 por ciento del PIB.

Los maestros democráticos exigen que todos los centros escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor. Demandan, además, de la actualización de docentes que se encuentran en servicio en todos los niveles. Sostienen que se necesita de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el analfabetismo.

La CNTE no se opone a la evaluación, sino que propone una distinta, de abajo arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico (basado en el diálogo y razonamiento) a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación.

Propone que en cada escuela se forme un consejo de evaluación electo por la comunidad, que considere diversos elementos como las condiciones materiales del plantel, el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas. Este modelo debe reproducirse a escala estatal.

Los maestros democráticos sostienen que se requiere refundar las escuelas normales para fortalecer su misión histórica. El normalismo –afirman– debe defenderse y fortalecerse. Demandan la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente.

La CNTE demanda cambios constitucionales y legales que al tiempo que establecen los grandes propósitos de la educación y sus condiciones mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder a sus necesidades en el entorno del federalismo y una sola nación y también una sola, pero diversa, educación. Su propuesta nace de lo profundo de una parte muy amplia del México profundo.

Se despojó de ética al proceso educativo y se perdió el sentido social de la formación

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/22/sociedad/040n1soc

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Lunes 22 de abril de 2013, p. 40

Exponen especialistas los factores que trazaron la ruta del desastre actual.

Desde los años 70 México enfrenta un deterioro que se profuundizó con reformas fallidas.

Desde los años 70 del siglo XX, México enfrenta un proceso de deterioro de su sistema educativo que se ha profundizado con la aplicación de reformas curriculares y administrativas fallidas, advirtieron especialistas. son cambios que han propiciado que se pierda el sentido social de la formación. Al proceso educativo se le despojó de una ética.

Esto se tradujo, explicaron, en un empobrecimiento de la formación docente, pero también en una transformación de la forma en que opera la escuela, donde impera una visión individualista de la educación.

Investigadores de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM), Pedagógica Nacional (UPN), del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) coincidieron en señalar que factores como la explosión del demográfica y la demanda de acceso a la educación básica, evidente desde los años 70; el descuido en la formación inicial de los docentes; su creciente burocratización sindical, así como la entrega, desde el gobierno federal, de cargos administrativos a dirigencias gremiales, trazaron la ruta de un verdadero desastre educativo.

Sin embargo, alertaron, hoy se quiere encontrar un solo culpable: el maestro. Sin reconocer que ha sido sólo un elemento de una larga lista de desaciertos, que aún no podemos corregir.

Lucía Rivera Ferreiro, profesora de la UPN y experta en el sistema educativo nacional, señaló que pasamos de la construcción, en los años 30 y 40, del docente como un agente comunitario con el compromiso de impulsar un proyecto de nación, a vivir la docencia como una profesión de riesgo, donde lo importante es no meterse en problemas y mantener un empleo en condiciones cada vez más precarias.

Agregó que el deterioro de la calidad educativa en el aula se profundizó con la firma en 1992 del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, con la que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari dio un golpe maestro.

Hasta entonces, explicó, las modificaciones en el sector habían sido esencialmente curriculares, de contenido en los libros de texto gratuitos, y en la formación continúa de los docentes, pero no se había tocado la forma en que operaba la escuela.

Pero con el arranque del proceso de modernización educativa, que desde finales de los años 80 había dado sus primeros pasos, a la par de una omnipresencia cada vez más evidente del gremio magisterial en cargos del sistema educativo, se plantea una transformación que implica reformas de planes y programas, en la formación del maestro y en cómo se debía trabajar en la escuelas. Todo opera bajo nuevas reglas.

Se impulsa una transformación, agregó Lucía Rivera, de gran calado donde la educación deja de ser concebida como un derecho humano y un bien social cuya responsabilidad en el acceso, pertinencia y permanencia recae en el Estado, a ver la educación como un servicio, una mercancía, un objeto de asistencia social, e incluso, de caridad.

En entrevista, Ruth Mercado, experta en formación docente del Cinvestav, alerta que hoy se identifica el deterioro educativo con los bajos rendimientos obtenidos en las evaluaciones de alumnos de formación básica, sin considerar que se trata de pruebas estandarizadas que técnicamente adolecen de innumerables defectos.

Los malos resultados, dijo, son atribuidos a los maestros, como si no fueran parte de todo un sistema educativo que ha mostrado en su conjunto, desde sus más altas esferas, un mal funcionamiento en la aplicación de programas y en la gestión escolar.

Agregó que hay una escasa atención a muchos de los programas para los cuales los docentes no son capacitados, los cuales llegan siempre a las escuelas sin considerar las verdaderas condiciones de trabajo del profesor, por lo que están condenados al fracaso, incluso antes, de que lleguen a los salones.

Juan Manuel Rendón Esparza, ex director y catedrático de la BENM, coincidió en afirmar que el punto de quiebre en el deterioro educativo en México se genera con la descentralización educativa. A partir de ese momento se profundiza la asfixia de las normales, con el abandono financiero y académico.

Recordó que desde la reforma de 1984, con la que modificaron planes de estudio y materiales pedagógicos, inició un proceso de transformación de la instituciones formadoras de docentes, las cuales lentamente fueron adoptando una visión más neoliberal de la educación.

Al respecto, Alberto Padilla Arias, catedrático de la UAM, experto en procesos educativos, afirmó que ante este escenario, no se puede soslayar el papel del corporativismo sindical en un proceso de burocratización del magisterio, que ha tenido un efecto muy negativo en la práctica docente.

Agregó que los factores del desastre educativo son múltiples, pero la solución debe incluir a los maestros, pues sin su participación y un verdadero compromiso, las propuestas que presente la autoridad educativa serán sólo un discurso.

Contrarreforma constitucional y privatización de la enseñanza

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/027a1pol

Luis Hernández Navarro

La reforma educativa privatiza la enseñanza, aseguran los maestros democráticos que la rechazan. No es cierto, aseguran los políticos, empresarios y periodistas que la impulsaron, aprobaron y defienden. ¿Quién tiene la razón?

Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia, la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos públicos.

Eso es lo que hace en el sector educativo la reforma constitucional recientemente aprobada. Y no porque venda a empresarios escuelas o mobiliarios. Como sucede en casi todo el mundo, la privatización de la enseñanza en México es un proceso que tiene muchas caras. Y la venta de bienes es sólo uno de esos rostros.

La reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas. Lo hace facilitando la penetración de la mano invisible del mercado a través de la promoción, dentro del espacio público, de la lógica, normas y concepción del mundo empresarial. Y lo favorece, también, al allanar el camino para la subrogación de servicios y el subsidio al sector privado.

Punto clave en la privatización es el otorgamiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Según los promotores de la nueva norma, ésta propiciará que los recursos públicos lleguen a los centros escolares y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. No es así: la legislación deja paso franco para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas como si fueran colegiaturas, se permita la entrada a los centros escolares de empresas que proveen recursos y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Lo que se facilita, en realidad, es que se cuelen a las aulas gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares.

La autonomía de gestión escolar profundiza las desigualdades socioeconómicas y rezagos ya existentes en los centros escolares. Pone a cada escuela a "rascarse con sus propias uñas". Oficializa y legitima la existencia de planteles educativos de primera, segunda y tercera categoría. Crea las condiciones para que programas compensatorios tales como becas, desayunos, desaparezcan, delegando su responsabilidad en entes privados, sean filantrópicos o asistenciales.

Según sus promotores, la reforma busca que, en el marco de esta autonomía, sea la escuela la que administre los rubros de infraestructura y compra de materiales educativos, resuelva problemas de operación básicas y propicie condiciones de participación. Sin embargo, como señala el profesor Luis Hernández Montalvo, el Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas Primarias de la República Mexicana, establecido en 4 de octubre de 1966, ya permite esto.

Con la reforma se crean las condiciones para avanzar en la introducción del modelo de "escuelas chárter", financiadas con dinero público, pero administradas como instituciones privadas, que en Estados Unidos han resultado un fracaso.

Una cara más de la privatización es la creciente influencia de la lógica del libre mercado asociada con la rendición de cuentas basada en la realización de exámenes estandarizados, como principio fundamental de la gestión educativa. En su libro La muerte y la vida del gran sistema escolar estadunidense: cómo los exámenes y la elección están destruyendo la educación, Diane Ravitch lo explica: “Yo lo llamo el movimiento por la reforma empresarial –dice–, no porque todos quienes lo apoyan están interesados en obtener ganancias, sino porque sus ideas provienen de conceptos empresariales como competencia y objetivos, recompensas y castigos, y "réditos sobre las inversiones". En contraste, los educadores hablan de currículum e instrucción, desarrollo infantil, pedagogía, condiciones de aprendizaje (como la cantidad de alumnos en cada salón), recursos, condiciones de vida de los estudiantes que afectan su salud y motivación, y relaciones con las familias y las comunidades”.

Uno de los rostros de la privatización es la subrogación y contratación de los servicios educativos, similar a la que el IMSS prohijó a través de lo que Gustavo Leal bautizó como "guarderías patito". Mediante este mecanismo de asociación público-privada, se transfiere a agentes privados la realización de obras, estudios, evaluaciones, que son responsabilidad de los gobiernos federal o estatales. Los negocios hechos (y por hacerse) a su amparo son, como demuestran Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales, multimillonarios.

Con frecuencia, esta subrogación de servicios se justifica con el pretexto de la vigilancia ciudadana en las tareas educativas. Los investigadores de la UPN Marcelino Guerra y Lucía Fierro documentaron el involucramiento y participación en asuntos de la enseñanza pública a escala nacional de entidades civiles como Transparencia Mexicana, Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación Televisa y Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa SC.

Finalmente, otro de los semblantes de la privatización (quedan pendientes de explicar varios) es la tendencia creciente del gobierno federal a subsidiar al sector privado. Por ejemplo, el decreto presidencial de Felipe Calderón para deducir impuestos hasta ciertos montos en las cuotas para educación privada es una forma de transferir recursos a las escuelas privadas. La reforma recién aprobada no dice una sola palabra de este asunto.

Los maestros democráticos tienen razón cuando señalan que la contrarreforma educativa es un paso más en la privatización de la enseñanza. Al oponerse a ella están defendiendo la educación pública.

Ahora o nunca

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/026a2pol

José Blanco

"Nunca" no es un absoluto. Pero sí se refiere a plazos indefinidamente prolongados. México vive horas de una oportunidad decisiva para su futuro, que coexiste con una mezcla de crispación social y voluntades y opiniones que tiran en todas direcciones sin orden ni concierto en el tema educativo. Si bien este maremágnum no llevará la sangre al río, puede, sí, desembocar en la estación histórica en que ha permanecido: "nunca se iniciará la reforma educativa". Y si nos atenemos al pasado, puede llegarse a un "arreglo" donde las aguas políticas vuelven a su cauce y las apariencias digan ¡logramos la reforma educativa!

Hace unos días Luis Videgaray dijo que la productividad en México ha estado prácticamente estancada en los 30 años recientes. Los funcionarios suelen barrer este tipo de gravísima realidad, bajo la alfombra. Significa que los empresarios mexicanos han debido aplastar los salarios para conservar o aumentar sus ganancias, más aún en un mundo globalizado, encarnizadamente competitivo.

Aumentar la productividad requiere inversiones públicas y privadas, e innovación tecnológica permanente, pero estos componentes son casi estériles sin una sociedad altamente instruida y capacitada. En Posibilidades económicas para nuestros nietos (1930), Keynes escribió: “La avaricia es un vicio, la potenciación de la usura es una culpa, el amor por el dinero es despreciable… Volveremos a apreciar de nuevo los fines por encima de los medios y preferiremos lo bello a lo útil”. Esas infectas excrecencias viven hoy un apogeo, y espero también que un día prefiramos lo bello sobre lo útil. Dicho lo anterior, subrayo que una creciente humanización requiere ambos valores, y que en México muy poco hemos hecho por lo útil, entendido en su expresión mayor: ciencia, tecnología, en todos los campos del hacer humano.

Pareciera que vivimos la conspiración de los contrarios: todos juntos hacer imposible abrir las puertas de una educación que conduzca a los altos valores morales, estéticos, científicos, democráticos, que nos lleven hacia un desarrollo humano y civilizado.

"Aún no se ha dicho la última palabra, somos cientos de miles de maestros los que nos oponemos" a la reforma de la Carta Magna, dice un "comité democrático" del SNTE. La CNTE se halla en "alerta máxima" y lista para llevar a cabo una huelga nacional, si lo estiman necesario. Simultáneamente el Senado cuenta ya con cinco ternas para integrar el Instituto Nacional de Evaluación, frente a lo cual algunos "expertos" anónimos han dicho que se trata de un proceso político que orillará a los especialistas propuestos a alinearse políticamente con la reforma educativa.

Adicionalmente parecen estar ya en el Congreso tres leyes secundarias reglamentarias de los artículos constitucionales reformados, de las que sólo sabemos que son tres.

Los profesores de Oaxaca, Guerrero, algunos de Morelos, Tabasco y Michoacán –que esperan se les sumen todos los profesores del país–, haciendo marchas a diestra y siniestra –y cometiendo en algunos casos actos ilícitos menores–, y en voz cada vez más exaltada expresan su oposición encrespada a la reforma educativa. Es decir, por lo pronto luchas contra entelequias y fantasmas.

El alma de la educación es lo que ocurre en el aula. Lo que ocurre hoy ahí en México es un desastre: eso es muy principalmente lo que debe ser reformado: la relación alumno-profesor, los contenidos, métodos, modelos pedagógicos y educativos, la gestión que los profesores hacen del conocimiento que han de lograr que sus alumnos se apropien: eso es lo que centralmente debe ser reformado. Pero en círculos concéntricos cada vez más amplios, debe ser reformada la organización institucional en la que se apoya el proceso educativo; la gestión institucional de la escuela y del sistema educativo, las condiciones de trabajo en que operan los profesores; la formación de los profesores y los términos de la carrera magisterial. Sería demagogia pura sostener que cualquiera de los actores que viven dentro del sistema educativo actual, está formado intelectualmente para aportar ideas, conocimientos e innovaciones para contribuir a la reforma educativa aludida.

Los profesores del siglo XXI deben ser formados y hoy no pueden ser evaluados para nada más que no sea saber cuál es el estado del que se va a partir en cada entidad y región del país. Esta formación ha de ser ampliamente diversa porque las brechas que es preciso cerrar son muy grandes.

Un hecho educativo es un acto de libertad y creatividad. Pero no en abstracto, sino una libertad para conseguir resultados concretos. Para ello es preciso formular un currículo nacional básico, con objetivos nacionales y directrices generales. Al final de la escuela básica primaria, los alumnos deberían pasar por una evaluación nacional. Las calificaciones de este examen no tienen que ser entregadas a los alumnos, sino a las autoridades educativas para que ajusten sus programas a efecto de que escuelas y profesores alcancen los objetivos nacionales.

Las entidades federativas adecuarían ese currículo general, a las particularidades de la entidad, y aún debe quedar espacio de libertad, para que las escuelas planeen sus programas y los profesores tengan la suya para escoger las estrategias educativas que ellos crean necesarias –en el marco de los métodos modernos–, para que en conjunto todos los niveles de la educación básica estén diseñados de manera encadenada, a efecto de garantizar un aprendizaje efectivo en términos de los objetivos nacionales. De manera análoga debería hacerse con la escuela secundaria.

México: momentos inquietantes

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Ana María Aragonés

México vive un momento sumamente crí­tico que no puede ser analizado desde una sola perspectiva, la que ahora es más visible: el conflicto magisterial ante la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno. Sin duda que está creciendo en forma preocupante y esto se debe, fundamentalmente, a la obcecada negativa del gobierno central a dialogar y tratar de entender que México son muchos Méxicos y, por tanto, no se puede estandarizar una ley cuando las condiciones son tan diversas a lo largo y ancho del país. La posición autoritaria del gobierno es la que está llevando a la radicalización de las posiciones, como es natural. Algunos datos que ofrece la SEP permiten comprender las enormes diferencias. Por ejemplo, cuando vemos el gasto por infante inscrito en la educación básica en cada entidad, se observa que Baja California es el estado que más recursos gasta en este rubro, con un monto de 12 mil 407 pesos por alumno, muy por arriba del monto nacional que se encuentra en 4 mil 36 pesos. Y por supuesto muy superior al que reciben los estados involucrados en las protestas magisteriales. Michoacán, en el lugar 18, se encuentra muy por debajo de la media nacional, con un gasto por alumno de 2 mil 959.5 pesos; en Guerrero (posición 21) se gastan 2 mil 585.4 pesos y Oaxaca (lugar 21) presenta un gasto de 543.2 pesos. Estos son los datos que la reforma educativa no ha tomado en cuenta y que por supuesto marcarían la enorme urgencia de un gasto más racional y equitativo.

Otra noticia muy lamentable es la de los llamados "rechazados" de los aspirantes a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es increíble que de los 126 mil 753 estudiantes que presentaron el examen de selección para ingresar a algunas de las más de 100 carreras que ofrece la universidad, sólo fueron seleccionados 10 mil 916, es decir, 8.6 por ciento. Cómo es posible que se hable de una reforma educativa y, sin embargo, no se proponga ningún cambio integral que involucre a los jóvenes. La mayoría de estos jóvenes pasaron por enormes adversidades para terminar sus estudios, pues las condiciones de las familias no son las más boyantes. Sin embargo, ahora no pueden continuar sus estudios porque la matrícula es totalmente insuficiente. Se les lanza materialmente a la calle, cuando se trata de una población que debería ser apoyada, alentada, respaldada, pues representa la posibilidad para que el país se desarrolle, lamentablemente asignatura que sigue pendiente. México hace todo lo contrario de lo que han hecho otros países, como Corea del Sur, cuya prioridad para salir del subdesarrollo fue la educación, y por eso el mayor gasto fue invertido en ese rubro. ¿Qué van a hacer estos jóvenes si no se les ofrece empleo ni educación, ni tampoco pueden emigrar, pues las condiciones de crisis del país vecino no están superadas?

Y para incrementar la inquietud, de acuerdo con el Cinvestav, en Estados Unidos radican más de 11 mil mexicanos con doctorado, fenómeno que se ha denominado "fuga de talentos", consecuencia, sin ninguna duda, de la raquítica inversión que hace México en desarrollo, ciencia y tecnología (0.4% del PIB).

A ello debemos sumar las noticias insistentes del Banco de México, de que las remesas han sufrido una importante disminución, lo que preocupa a este organismo, pues sin duda afecta en forma negativa a las cuentas nacionales. De 2007 a 2012 las remesas disminuyeron en promedio 3 por ciento. Sin embargo, debería preocupar más el efecto negativo que supone para los hogares rurales,para los que las divisas representaban cerca de 30 por ciento de sus ingresos corrientes monetarios. No hay que olvidar que son dedicadas principalmente al consumo básico. Históricamente esta población ha enfrentado los problemas económicos a través de la migración; sin embargo, esta posibilidad se encuentra ahora muy limitada por los problemas de empleo en Estados Unidos. Por tanto, aquí encontramos otro escenario que está exacerbando los problemas sociales internos, pues México no está ofreciendo opciones para la mayoría de ellos.

Como vemos, las noticias pueden parecer aisladas, desvinculadas, pero en realidad están formando el verdadero caldo de cultivo de la desesperanza de una parte muy importante de la población. Si el gobierno no se decide por incentivar el crecimiento interno, poniendo en primer lugar la educación, la ciencia, la investigación, la salud, y proponga una verdadera política industrial, no la maquila, y se le otorguen al campo las condiciones para alcanzar, por lo menos la soberanía alimentaria, las circunstancias estarán dadas para que el conflicto social y la crisis humanitaria crezca sin remedio.

amaragones@gmail.com

No pueden ir a la escuela 6 millones de menores de entre 3 y 17 años

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Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 16 de abril de 2013, p. 47

Reconocimiento del Unicef al "compromiso y coraje" de miles de educadores en el país

Las razones se relacionan con la lejanía de centros escolares, violencia, falta de recursos para vestirse y alimentarse, así como la ausencia de pertinencia cultural en contenidos educativos.

En México hay alrededor de 6 millones de menores de entre tres y 17 años de edad que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, aseguró Isabel Crowley, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Al participar en la inauguración del primer encuentro nacional Hacia una política de educación comunitaria para la inclusión social, organizado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la funcionaria del organismo internacional indicó que esto implica un reto para la nación.

"Las razones por las cuales se encuentran fuera de la escuela están relacionadas con la lejanía de los centros escolares, la violencia, la falta de recursos económicos para la vestimenta y alimentación, así como la falta de pertinencia cultural en los contenidos educativos."

Por ello, reconoció el "compromiso y coraje" para enfrentar ese reto de los miles de educadores que atienden a los menores de cero a cuatro años y los más de 40 mil instructores comunitarios para primaria y secundaria que laboran en las regiones más marginales del país.

En su turno, la directora general del Conafe, Alma Carolina Viggiano, indicó que en territorio mexicano hay 1.5 millones de niños que no asisten a los colegios y por tanto no pueden ejercer su derecho a la formación académica.

Indicó que la intención de este primer encuentro del Conafe es replantear la transformación de esa entidad a fin de fortalecer la educación inicial en las comunidades más apartadas del país que no tienen acceso a la escuela, pero también a los instructores comunitarios.

La funcionaria afirmó que la reforma educativa "no es un simple cambio a la ley; se trata del más efectivo detonante para ajustar el enfoque de la educación a las necesidades del siglo XXI".

Los niveles promedio de educación de quienes viven en las comunidades más marginales del país no son los óptimos, pese a los esfuerzos que se han hecho para incrementarlos.

"En la prueba Enlace estamos 23 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de aprovechamiento en español, y 22 puntos por debajo en matemáticas", explicó.

Por ello, planteó que entre los retos del Conafe está impulsar una política nacional de educación inicial y nutrición, así como fortalecer a los instructores comunitarios, pues 20 por ciento de ellos (existen 41 mil instructores y 47 mil promotores) abandona esa labor debido al bajo monto de la beca que reciben al mes: de 800 a mil 300 pesos. Aunque hay entidades como Zacatecas y Coahuila donde los niveles de deserción llegan a 34 por ciento.

El incremento en la calidad de la educación no puede ser retórico. "Ser omisos en el cumplimiento de sus tareas tiene grandes consecuencias", por eso, se elaboró un diagnóstico y hoy se trabajará con el objetivo de fortalecer la educación comunitaria.

Reconoció que se ha fallado en la selección de los instructores, debido a que se han dado metas a los delegados de tener cierta cantidad y éstos "los sacan de donde sea, los apuntan y los meten a la lista sin que estén convencidos de la labor que tendrán en las comunidades y sin saber a dónde irán".

Otro de los elementos que provoca el abandono, dijo en entrevista, es la violencia.

Con los maestros

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John M. Ackerman

Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.

La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.

La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la "construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo". El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.

Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.

De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.

La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB "al gasto en educación pública y en los servicios educativos". Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a "las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables". Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.

Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de "incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas". Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.

Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.

México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social.

Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo 123 que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil".

Finalmente, resulta una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación. Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no haya despidos arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho constitucional, y proponen una evaluación "democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral". Los periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.

En lugar de dividir falsamente a los maestros entre los "buenos", que dócilmente aceptan la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los "malos", que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

La contrarreforma educativa, la ley y el orden

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Carlos Fazio

Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no-democracias que llegan al poder mediante la violencia, la manipulación mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica avasalladora con eje en la Constitución y el estado de derecho.

Es común que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurra al "orden" para garantizar el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas veces, los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas: bonapartismo, dictadura militar, fascismo. Otras, la oligarquía asume directamente el poder; pone al mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al Consenso de Washington neoliberal, fabrica administradores para que defiendan sus intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos.

En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración priísta no es la excepción. Está convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares, menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía y la protesta.

En la actual coyuntura, lo que ocurre en Guerrero con las marchas multitudinarias de los maestros −y también en Oaxaca, Chiapas, Morelos y el DF− viene a demostrar que una contrarreforma educativa exógena (ya que responde a directivas económicas de la OCDE), impuesta de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de representación y sin discusión parlamentaria, y vendida mediáticamente como la panacea para mejorar la "calidad" de la enseñanza −pero que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional−, está destinada a generar desobediencia civil y resistencias en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral aplicada al sector educativo, ya que está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.

Ante tal situación, la disyuntiva del régimen es negociar o reprimir. El je­fe del Ejecutivo, Enrique Peña, ha dicho que su iniciativa "no se negocia"; que asume los "costos" del uso de la fuerza contra el magisterio disidente y que en su contrarreforma educativa "no hay marcha atrás". Su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió a quienes calificó de minoría de "detractores" que "todo tiene un límite". Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva estatal. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más bloqueos en la Autopista del Sol. Y el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, insistió en que se de­be sancionar económicamente a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras formas de inconformidad. Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el gobierno intenta administrar el conflicto y que los actos de represión no detendrán las movilizaciones.

El conflicto está entrampado. Otra batalla asimétrica se libra en los medios de difusión masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso, mediante campañas de intoxicación propagandística, los "comunicadores" de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses de sus propietarios y de la plutocracia; del poder real, pues. Incapaces para el análisis, histéricos, inquisidores, y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos del periodismo, actúan como policías del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la "razón" de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y animalizan a los maestros exigen mano dura; la aplicación del garrote y cárcel para los "vándalos", "revoltosos" y "vociferantes". En sus noticiarios repiten "ad náuseam" −diría Carlos Monsiváis− imágenes verbalizadas y editorializadas (como los enfrentamientos en la Autopista del Sol entre los federales de Mondragón y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), con la intención encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva contra los educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe educativa nacional. Buscan convertir un problema social en asunto penal.

En la era de la cultura global y la tiranía de la comunicación, la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad −fórmula consustancial a todo Estado autoritario− busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, la propaganda, a través de la manipulación del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los media, que se convierte así en la opinión pública homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información.

Como en otros pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y la OCDE exhibe la verdadera cara de los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la indignidad intelectual, el del odio a la inteligencia, a la información, al libre examen, a la educación y la cultura populares. Y es un reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación clasista.

Profesores

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Octavio Rodríguez Araujo

En muchos municipios pobres del país los padres de familia limpian y arreglan las escuelas públicas, porque no hay empleados que lo hagan. La Secretaría de Educación Pública (SEP) no cumple con lo que debe hacer: dotar a las escuelas de locales y mobiliario dignos, de agua potable, y de empleados que hagan lo que no tienen por qué hacer los padres de los alumnos que con muchas dificultades (distancias, nutrición, ambiente familiar, etcétera) asisten a aprender. Hay casos, en poblaciones rurales, en que los niños de quinto y sexto años acuden una hora antes de las clases a hacer limpieza en sus escuelas. No debería de ser, pero así ocurre, incluso en Morelos, estado menos pobre que Guerrero.

Hay una suerte de círculo vicioso entre SEP-sindicato, que no ha cambiado donde el SNTE (¿ex gordillista?) no tiene oposición democrática, y que perjudica a los niños y a sus padres, que ya de por sí están castigados por la escasez en que viven. Aun así, estos profesores realizan un trabajo que no harían otros que atienden escuelas en las grandes ciudades o en regiones prósperas donde la penuria de los municipios pobres no es conocida.

La enseñanza en las escuelas públicas no es ni puede ser –por ahora– homogénea en todo el país, entre otras razones porque la condición de sus muy variadas regiones no ha mejorado. Compárese, aunque sea como ejercicio sociológico, el índice de desarrollo humano (IDH) de unas entidades federativas con otras, de unos municipios con otros. El Distrito Federal ocupa el primer lugar en IDH, seguido por Nuevo León; Morelos, el 16. Guerrero, Oaxaca y Chiapas se ubican en los últimos lugares, 30, 31 y 32, respectivamente. Ni qué decir de municipios como Metatlónoc, en Guerrero, donde su IDH es semejante al de varios países africanos como Sierra Leona o Burundi. No son comparables los estados con el IDH más alto con los que están en el más bajo, mucho menos la delegación Benito Juárez del DF (cuyo IDH es comparable al de países desarrollados) con San Simón Zahuatlán en Oaxaca o el ya mencionado municipio de Guerrero. Tampoco es igual ir a la escuela en autobús o en Metro que caminar en los cerros con un pocillo de pozol o pulque como único alimento. En muchos de estos lugares no hay agua corriente, no hay excusados ni papel higiénico, pero sí coca-cola y cerveza. La luz eléctrica, cuando hay, llegó hace pocos años, y sólo los ricos tienen televisión y algún vehículo de motor, y decir rico en esos municipios es un eufemismo o una exageración sólo admisible por comparación con el resto de sus pobladores.

¿Evaluación estandarizada a los profesores de primaria y secundaria? Es un absurdo y hay razón para rechazarla. ¿Cómo se va a evaluar con los mismos parámetros a un profesor de la escuela primaria pública Niños Héroes de Monterrey que de la primaria Progreso y Civilización de Malinaltepec, en Guerrero, que era una escuela pública federal y ahora transferida al estado? La misma Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), llevada a cabo por la SEP en 2009, dio como resultado que las escuelas particulares tuvieron las más altas calificaciones de sus alumnos, ocho lugares arriba de la de Monterrey mencionada ( El Universal, 5/10/09). Si los alumnos son reflejo de sus profesores, entre otras condiciones que determinan su desempeño (alimento, ambiente familiar, acceso a libros y útiles escolares, etcétera), ¿cómo se espera que los alumnos que carecen de casi todo puedan ser evaluados con los mismos estándares? ¿No debería decirse lo mismo de los profesores? ¿Viven en condiciones semejantes los profesores de los pueblos marginados que los de una escuela particular en el DF? ¿Harían éstos intercambio con los profesores de escuelas paupérrimas de Oaxaca, aunque fuera por saber qué se siente? Apuesto a que no, ni por servicio social como hacen los pasantes de medicina. No es de justicia ni de sentido común evaluar con los mismos parámetros a quienes tienen casi todo en contra para el ejercicio docente. No se les puede evaluar igual que a sus dispares pares de las grandes ciudades del país.

El gobierno federal se niega a dar marcha atrás en su reforma educativa y los profesores de los estados más pobres del país no están de acuerdo. Se habla de que con sus manifestaciones de descontento han atentado contra los intereses de terceros y que debe aplicarse la ley. ¿Qué se esperaba? ¿Que hicieran paros en los caminos de terracería de sus propias comunidades, donde no va la prensa ni hay turistas? Todos sabemos que manifestación que no altera de alguna manera la vida cotidiana en una ciudad o en una carretera ni siquiera es noticia. Por lo demás, una manifestación de descontento es legal, pues es un derecho. Si afecta a terceros, ni modo; aunque, si somos objetivos, debió dejarse un carril en la carretera para que los vacacionistas de Semana Santa, no precisamente ricos, hubieran podido llegar a su destino sin tantas horas de impotente espera.

Los priístas y sus aliados preferirían que el derecho a circular prevaleciera sobre el derecho de reunión y manifestación y que, para el caso, este derecho se ejerciera en un corral predeterminado. Recuérdese que Carlos Hank propuso en 1982 el Monumento a la Revolución como manifestódromo, sugerencia retomada por otros priístas en 2000 (Silva Herzog) y en 2012 (Beatriz Paredes). Pero se equivocan: no pueden ni deben cerrarle el paso a las progresivas expresiones de democracia participativa y regresar a los tiempos de Díaz Ordaz.

Mientras no haya en México escuelas dignas y bien equipadas en todas sus poblaciones, mientras unos profesores tengan mejores (por mucho) condiciones que otros, además de salarios desiguales, mientras los niños de unas escuelas vayan a clases sin desayunar y otros lleguen bien alimentados y bien vestidos, no se puede generalizar ni darles de golpes a los profesores que con justa indignación protestan. Si se enfrentan a la Policía Federal no es por valientes, sino por desesperados, pues ya visualizan su futuro, y éste no será mejor que su presente.

rodriguezaraujo.unam.mx