El bono educativo: algunas consideraciones

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Rosaura Ruiz y Bruno Velázquez
21 de febrero de 2011

El reciente decreto presidencial que permitirá, en 2012, la deducción de impuestos del pago de colegiaturas es una medida que genera un sinnúmero de interrogantes que se deben discutir públicamente. Por lo sucedido a partir de su anuncio, podemos observar que dicha decisión unilateral, más que ofrecer una solución real a la grave situación que viven las familias mexicanas ha generado un debate intenso y ha arrojado nueva luz a una serie de problemáticas añejas que siguen sin viso de ser atendidas.

En primer lugar, queda la impresión de que esta medida fue tomada sin haberse realizado un análisis serio, eso se ve en la pobreza de la argumentación oficial que pretende justificarla.

Por otro lado, podemos ver que el decreto fue hecho sin tomar en cuenta algo elemental: las experiencias vividas en otros países que han implementado políticas de esta naturaleza.

En Estados Unidos, Inglaterra y Chile se ha aplicado de distinta manera lo que se conoce, desde 1955, como bono o voucher educativo. Los resultados obtenidos en los tres países distan de ser alentadores y su ambivalencia nos hace dudar de la pertinencia que esta medida pueda tener para México.

Si hacemos un recuento rápido de las consecuencias que el bono educativo tuvo en las tres naciones antes mencionadas podemos ver que: de entrada, la medida que buscó beneficiar no a los más necesitados, sino a una clase socio-económica más o menos privilegiada, en realidad terminó por no hacerlo.

Una consecuencia inmediata fue que las escuelas privadas se ajustaron a las nuevas reglas del juego subiendo los precios de las colegiaturas y elevando los requisitos académicos de admisión por la creciente demanda de sus servicios.

Es decir, las escuelas privadas se volvieron más costosas, más selectivas y más elitistas.

En segundo lugar, esto agravó la brecha social pues, si consideramos que 1) la escuela pública está en crisis y cada vez más descuidada y menospreciada por el Estado, 2) que el conocimiento y la educación son las herramientas esenciales para la movilidad social, y 3) quienes mejor educación reciben en la mayoría de los casos, son quienes pueden pagar por ella; entonces, la segregación social se agudiza y las desigualdades aumentan.

Por último, también cobró brío y se fortaleció, en distinta medida en cada caso, la tendencia a la privatización de la educación. Es decir, se utilizó esta supuesta reacción del Estado para apoyar a las familias y mejorar la calidad de la educación (cosa que tampoco sucedió, al menos no como consecuencia del bono educativo), como ariete contra la educación pública.

Si en realidad se quiere apoyar la economía de los mexicanos bien se podría decretar el congelamiento de los precios de las gasolinas y el diesel, hacer lo necesario para paliar los efectos que tendrá el alza internacional del precio de los alimentos, o hacer más eficiente la recaudación de impuestos pues México es uno de los países pertenecientes a la OCDE que menor efectividad tiene en dicha área y es sabido que las grandes empresas y capitales en nuestro país tienen diversas formas legales de deducir impuestos, además de las conocidas para evadirlos.

Lo que está claro es que las decisiones no consensuadas generan más problemáticas que soluciones, y que, con ésta en particular, ni el estado de la educación en México mejorará y difícilmente la población se verá beneficiada en su economía.