Lucha contra la gordura, apenas

El Universal
28 de mayo de 2010
Editorial
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A partir del próximo ciclo escolar quedará prohibida la venta de comida chatarra dentro de las escuelas públicas y privadas de nivel básico. Se trata de una medida ampliamente exigida por la sociedad civil organizada y los especialistas en el tema para combatir la obesidad infantil en México. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la medida por sí misma no garantizará la mejor salud de los niños. Junto con la prohibición será necesario crear condiciones para que los estudiantes también tengan la buena alimentación a su alcance.

Un cambio gradual en la cultura alimentaria de los mexicanos —como sugería la industria— habría tomado décadas en dar resultados por sí sola. Ya cuesta al país miles de millones de pesos atender las enfermedades derivadas de la obesidad como la diabetes y la hipertensión. Dejar crecer a las nuevas generaciones con ese problema desde la infancia habría ocasionado a México gastos sociales y económicos mucho mayores.

Con la medida anunciada ayer por la secretaría de Educación y de Salud se eliminó uno de los factores del problema, pero no es el único. México es número uno en obesidad infantil a nivel mundial por el ambiente “obsigénico” en que se desarrollan los niños, es decir, la publicidad dirigida a menores, la falta de educación nutricional, la prevalencia de comida chatarra afuera de las escuelas y principalmente la carencia de agua potable dentro de los colegios. Sería un error que las autoridades federales asumieran que su tarea ya está terminada.

La responsabilidad se centra ahora en los gobernadores y los presidentes municipales, pero el gobierno federal tendrá que coordinar los esfuerzos para asegurarse de que la norma se cumpla y cuente con el contexto adecuado para su funcionamiento. De nada habrá servido prohibir los refrescos desde la Federación si los niños no pueden beber agua potable porque el municipio no se las proporciona. A su vez, para que los municipios del país puedan actuar conjuntamente hará falta la acción de los gobiernos estatales.

El siguiente paso es por lo tanto consensuar con los gobernadores metas y plazos para el combate efectivo de la obesidad infantil. Un mecanismo de evaluación del progreso o retraso en las medidas adoptadas por cada estado serviría para homologar en todo el país la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, siempre que se tenga el cuidado de no utilizar esta herramienta como pretexto para el descrédito político. Para ello incluso los partidos tendrían que ser convocados a esta cruzada antigordura.