La medida de una nación


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Porfirio Muñoz Ledo

El doctor Hugo Aboites, distinguido pedagogo, ha publicado un volumen de consideración: La medida de una nación. Se trata de un recuento pormenorizado de los objetivos, logros, metodologías y resistencias que han señalado casi 30 años de la evaluación educativa en México, periodo que coincide con la implantación del ciclo neoliberal.

Los días que corren hacen del título un recordatorio sugerente de lo que se encuentra detrás de los acontecimientos que condujeron al arresto de Elba Esther Gordillo, cuyo comportamiento no es un caso aislado, sino antes bien sintomático y notoriamente ejemplificador del acontecer político nacional; en particular de las profundas desviaciones en que incurrió nuestra transición hacia la democracia.

Uno de los hechos inocultables de la vida pública del país es la impunidad que ha acompañado a un gran número de los miembros de la clase política, cuyas fortunas suelen ser inmensas y quienes sólo en muy contados casos han merecido sanción, casi siempre por motivaciones políticas y no como resultado de un genuino combate a la corrupción. Se olvida con frecuencia que uno de los propósitos centrales de la democratización a la que nos lanzamos era la implantación de un Estado de derecho, en lo que fracasamos estrepitosamente.

La evolución política de México exigía una depuración del aparato corporativo y de la red de complicidades que lo vinculan al poder público. La alternancia en el 2000 abría una oportunidad excepcional para ello, pero ocurrió lo opuesto. El sistema sindical permaneció campante y el SNTE se convirtió en brazo de operación política dentro de los restos del antiguo sistema, con lo que se eludió un cambio que hubiera instaurado mayorías políticas transparentes.

Lo más turbio fue acaso el empleo del aparato sindical para torcer el sentido de las elecciones mediante el fraude, a cambio de nuevas prebendas que ahora se utilizan como cargos en la acusación penal. Nada que no hayamos sabido y denunciado, sin que se hiciera por corregir los entuertos. Lo que hoy se estima criminal fue en su momento uno de los pilares para la conquista del poder y la legitimación del sistema.

A lo largo de los años se toleró y auspició la injerencia indebida de las dirigencias sindicales en la conducción de la educación. Los mandos intermedios y aún altos del sistema respondían a la lógica del reforzamiento del poder gremial y con frecuencia representaron un obstáculo para emprender reformas indispensables. Subrayo que no se trata de una persona, ya que hubo antes otros caudillos, sino de todo un sistema que ahora debiera ser desmontado para proceder a una auténtica democratización del magisterio.

El cambio político que México espera no reside en el fortalecimiento a ultranza del sistema presidencial con aires de “maximato”, sino en una reforma profunda de las instituciones. Pronto sabremos si los compromisos adquiridos por los partidos tienen veracidad y viabilidad. Varios de ellos tienen que ver con la democracia, tanto en su vertiente electoral como en la protección de los derechos humanos, la descentralización de la autoridad, la rendición de cuentas y el equilibrio de los poderes.

Requerimos una nueva moral pública. Pienso en un renacimiento del pluralismo político, del pensamiento crítico y en un desarrollo de ciudadanía, a efecto de no retroceder a la cultura del unanimismo. Lo que hoy ocurre tendríamos que observarlo desde la perspectiva de la historia. Hemos llegado a donde estamos porque se frustró un periodo crucial de cambio. Valoremos la medida de la nación. Vayamos a la raíz de los hechos que condenamos para abrir un futuro democrático asequible.