Costará 28 mil millones de pesos echar a andar la reforma educativa


http://www.jornada.unam.mx/2013/08/15/sociedad/032n2soc

Estimación del proyecto presupuestal elaborado por la SHCP

Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Laura Poy
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 32

Las tres leyes reglamentarias con las que se pretende echar a andar la reforma educativa tendrán un costo promedio de 28 mil millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de impacto presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), es decir, casi el doble del presupuesto anual que se debería destinar al crecimiento de la cobertura en educación superior.

Un eje central en las normas del Servicio Profesional Docente, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la reforma a la Ley General de Educación (LGE), es la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).

Su organización y aplicación estará a cargo del INEE, no de la dependencia federal, y para el nuevo organismo se contemplan nuevas facultades, entre ellas diseñar las evaluaciones de docentes y alumnos, así como un sistema de indicadores educativos.

También se destaca que a fin de fortalecer la gratuidad de la educación, el cobro de cuotas estará prohibido.

Los recursos públicos que se deberán canalizar para aplicar las leyes secundarias contemplan que de 28 mil 305 millones 551 mil 416 pesos, al menos 8 mil millones 466 mil se destinen al retiro voluntario de docentes, otros 905 millones a la jubilación; en ambos casos el requisito serán 30 años de servicio.

Para la figura de asesores técnicos pedagógicos, que se convierte en una promoción inicial para docentes frente a grupo, se destinarán 15 mil 256 millones, pues se considera asignar uno por cada 200 alumnos, y 4 mil 129 millones de pesos para quienes se desempeñen como tutores, ya que se pretende asignar uno por escuela.

Asimismo, se faculta al INEE para determinar los "niveles mínimos" para el ejercicio de la docencia y las funciones de dirección y supervisión en la educación básica y normal, a fin de buscar su "idoneidad".

El instituto deberá presentar un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el sistema educativo nacional.

Se crea el Sistema de Información y Gestión Escolar, que tendrá entre sus competencias regular y operar un nuevo padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, así como un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, con el fin de establecer un sistema nacional de información educativa.

Con la reforma a la LGE se buscará el impulso a la autonomía de la gestión escolar, la apertura paulatina de escuelas de tiempo completo, con jornadas de seis a ocho horas, así como la creación de "microempresas" destinadas al suministro de alimentos sanos en las escuelas, para evitar la venta y consumo de comida chatarra, para lo cual se emitirán nuevos lineamientos.

Debido a las nuevas competencias que se le otorgan al INEE como responsable del SNEE, la Secretaría de Educación Pública propone modificar la ley del sector para establecer que es al instituto al que corresponden las atribuciones para coordinar y evaluar la "calidad, el desempeño y los resultados" del sistema educativo del país.


Cambian leyes secundarias régimen jurídico y laboral de los maestros


http://www.jornada.unam.mx/2013/08/15/sociedad/032n1soc

Laura Poy, Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Peridico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 32

De no aprobar evaluaciones podrán despedirlos sin responsabilidad del Estado

Trabajadores de reciente ingreso serán evaluados de manera permanente y tendrán periodos de inducción de dos años con apoyo de tutores, figura equivalente al capataz.

Las iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa, presentadas por el Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y supervisores, desde prescolar hasta bachillerato, quienes podrán ser despedidos de no aprobar las evaluaciones de desempeño, sin responsabilidad para el Estado.

En el caso de profesores activos, se establecen nuevos mecanismos de evaluación para su desempeño y en caso de no aprobarlos en tres oportunidades serán reasignados o podrán solicitar el retiro.

Para los trabajadores de reciente ingreso hay nuevas reglas: evaluación permanente y periodos de inducción de dos años, con apoyo de tutores, figura de nueva creación, equivalente a un capataz, y de no aprobar esta etapa, saldrán del servicio magisterial.

Se incluye la creación de un Servicio Profesional Docente, el cual en un plazo no mayor de mes y medio, luego de la entrada en vigor de la ley respectiva, contará con un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al que se facultará para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

A pesar de que estas propuestas han desatado el rechazo del magisterio disidente en todo el país, y de una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para realizar foros de consulta donde se escucharían los planteamientos de los profesores, los nuevos marcos normativos establecen profundas modificaciones a las bases y procedimientos del desarrollo profesional docente, con funciones directivas y de supervisión en la educación básica y media superior.

Entre las medidas que podrían aprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, está el diseño de nuevos perfiles, parámetros e indicadores de la labor docente, así como el impulso a una nueva política administrativa de control de plazas.

Con la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente se determinan ascensos por concurso de oposición para directores y supervisores, y un nuevo programa de estímulos económicos, que sustituirá a la Carrera Magisterial.

Además, habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la plaza de base, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades.

En las otras dos iniciativas, la Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los maestros en servicio sólo podrán garantizar su permanencia siempre y cuando se sujeten a los procesos de evaluación de desempeño, que se aplicarán por lo menos una vez cada cuatro años.

Los profesores deberán someterse además a una evaluación interna, que estará a cargo del director de la escuela y los profesores, la cual deberá ser permanente, aunque no tendrá sanción ni consecuencias administrativas o laborales.

También se prohíben los cambios de adscripción voluntaria durante el ciclo escolar, a fin de impulsar un reordenamiento de las plantillas docentes en las escuelas, y su reasignación donde estén incompletas.