El INAH y la desamortización de los bienes culturales


http://www.jornada.unam.mx/2013/07/23/opinion/019a2pol

Luis Hernández Navarro

Un intenso debate sacude el mundo de la cultura en México. La remoción de Sergio Raúl Arroyo como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el nombramiento de María Teresa Franco al frente del organismo ha provocado polémicas y denuncias. Lo que está en juego no es un asunto de filias y fobias hacia funcionarios públicos, sino de la defensa del patrimonio histórico.

Reconocidas voces del medio aseguran que la destitución de Arroyo fue resultado de la resistencia del funcionario a autorizar tres proyectos que afectan bienes culturales: la construcción del Cuarto Museo del Cacao en Chichén Itzá, las obras del teleférico en la zona de monumentos de Puebla y la explotación minera canadiense en la zona arqueológica de Malinalco.

Asimismo, afirman que la designación de María Teresa Franco fue producto de su proclividad a autorizar proyectos privados que dañan monumentos arqueológicos. No les falta razón. Directora general del INAH entre junio de 1992 y diciembre de 2000, con frecuencia se abstuvo de aplicar la Ley Federal de Monumentos y Zonas. Sin el menor pudor, avaló –en medio de fuertes protestas– la construcción de tres plazas comerciales sobre terrenos que forman parte del Perímetro A de Teotihuacán.

No es cuestión banal. El pasado está de moda y es buen negocio. Se le venera igual que se reverencia el dinero. El turismo es el principal consumidor de lugares históricos, constantemente recreados para satisfacer sus demandas. La industria turística se ha convertido en el principal constructor de una visión de patrimonio histórico, de una disneylandización de la historia similar a la que se buscó difundir con el espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán. Para ella, el INAH y su legislación son un obstáculo. Necesitan tener al frente a alguien que les sea afín.

El INAH tiene como mandato de ley investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. Parte de esta legislación es el decreto publicado en el Diario Oficial el 31 de octubre de 1977, mediante el cual se establece que los museos nacionales y regionales, así como los monumentos arqueológicos e históricos y las zonas de monumentos arqueológicos, dependientes del INAH, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal, con fines ajenos a su objeto o naturaleza. Estos fines se establecen en la Ley de Monumentos Históricos.

El decreto fue promovido por el entonces director del INAH, Gastón García Cantú, para dotar a la institución de una cobertura jurídica que protegiera a los monumentos arqueológicos e históricos. En aquellos años era usual que políticos y empresarios usaran los edificios históricos, sin importar el daño que provocaran, para campañas políticas, bodas, celebración de quince años, eventos altruistas y conciertos de gala.

García Cantú contó en distintas ocasiones cómo los escandalosos reventones de la primera dama, Carmen Romano, en el Museo Nacional de Historia, lo llevaron entrevistarse con el mandatario para solicitarle que los impidiera. El historiador, junto a Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario de Educación Pública, explicó al jefe del Ejecutivo por qué era inadecuado dar el permiso para efectuar una recepción más que organizaba su esposa. El Presidente le respondió que el cuerpo diplomático ya había sido convocado y, por tanto, no se podía cancelar el acto. García Cantú insistió en que el castillo estaba en peligro y le propuso que el Ejecutivo federal expidiera un acuerdo prohibiendo que los centros históricos o prehispánicos fueran sitios de reuniones sociales. López Portillo aceptó, aunque la francachela de su consorte no fue cancelada. El decreto contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral del instituto.

El INAH y la legislación federal que ordena su funcionamiento son un problema para el capital inmobiliario, la industria turística y los políticos que les sirven. También para los grandes centros comerciales y las compañías mineras que se topan con vestigios arqueológicos e históricos en sus operaciones. Asimismo, son un inconveniente para familias distinguidas y funcionarios públicos que desean utilizar los monumentos históricos para dar realce a sus actos sociales.

Para los señores del dinero es inadmisible que los bienes históricos y culturales no puedan convertirse en mercancías con las que obtener beneficios. Exigen, reiterada y sostenidamente, de manera abierta o soterrada, su desamortización, esto es, su paso a manos privadas. Para ellos, mantener públicos esos bienes impide que se generen ganancias e implica un gasto desmesurado. Quieren hacer negocio, ya. De paso, desean, apropiarse del capital simbólico que esas obras proporcionan, para darse lustre con ellas.

En su empeño han contado, frecuentemente, con el apoyo de una parte de las autoridades del Instituto, de Conaculta y de la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, con una abultada nómina de legisladores. Una y otra vez han procurado que se legisle a modo de sus intereses. Por lo pronto, no han tenido éxito, aunque lo van a seguir intentando.

Una parte muy importante de la comunidad, integrada por muchos de sus trabajadores, investigadores, profesores, profesionistas y mandos del INAH están firmemente comprometidos con la misión del instituto, lo que es un verdadero dolor de cabeza para los directivos que no lo están y para los intereses empresariales y políticos. Ellos se han apropiado de su materia de trabajo y se asumen como el INAH.

El compromiso de esta comunidad se ha hecho evidente una y otra vez, al denunciar los proyectos que ponen en manos privadas el patrimonio histórico, que dañan para favorecer intereses empresariales o que pervierten su sentido social. Son los trabajadores técnicos, manuales, administrativos e intelectuales de la institución quienes ha frenado la desamortización de los bienes culturales. Serán ellos los que, nuevamente, impedirán el avance de la agenda privatizadora si la nueva directora se empecina en impulsarla.


El cognicidio, obstáculo para el desarrollo de países tercermundistas


http://www.jornada.unam.mx/2013/07/18/ciencias/a02n1cie

Para la supervivencia hay que poseer y usar el conocimiento, afirma Marcelino Cereijido.

Carecer de innovación tecnológica y el analfabetismo científico, dramas en México, dice el investigador del Cinvestav.

La divulgación debe combatir la superchería y el fanatismo.

El cognicidio es un problema que enfrentan los humanos para sobrevivir a un mundo cambiante donde la batuta la llevan los países desarrollados, de acuerdo con Marcelino Cereijido, profesor del Departamento de Fisiología Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, quien acuñó ese término.

“El cognicidio significa matar el conocimiento. El conocimiento no es como la información que se puede guardar en la memoria de computadoras: se le debe poseer y usar. Todo organismo sobrevive siempre que sea capaz de interpretar la realidad”, indicó.

Asimismo, para el también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias la divulgación de la ciencia debe combatir la superchería, los fanatismos y dogmatismos que imperan en el país. No se trata de prohibir ninguna religión ni pensamiento mágico, sino de enseñar desde la casa y la escuela a que las personas desarrollen un pensamiento crítico, que siempre se cuestionen sobre su entorno y busquen explicaciones verificables.

Cambian la realidad

Los países tercermundistas deben hacer ciencia, tecnología e innovación para sobrevivir: Si un campesino mexicano pierde su trabajo en Yucatán, donde vivía del yute, porque llegó una empresa que fabrica nylon, tiene que migrar. Si consigue un empleo en un sitio donde se hacen cámaras fotográficas de 10 megapixeles, la ciencia y la tecnología le habrán cambiado la realidad, su situación es igual a la del ejemplo anterior, porque está a años luz del conocimiento que se necesita para habitar esta realidad con cosas que produjo el primer mundo.

Dijo que en la sociedad mexicana hay algunos dramas o tragedias que imperan: “El primer drama es no tener ciencia en el siglo XXI, en el que ya no queda prácticamente nada que se pueda hacer sin ella y sin la tecnología. La salud pública, el transporte, la comunicación, hasta la diversión: todo depende directa o indirectamente de la ciencia.

“El segundo es que con el analfabetismo científico (que significa no poder interpretar la realidad sin recurrir a milagros, revelaciones, dogmas ni al principio de autoridad) el afectado es el primero en reconocer su tragedia. Lo vemos a diario: poblaciones que padecen inundaciones cada temporal, carestía en la comida, medicamentos, agua, pero como le falta el conocimiento sobre ciencia no puede entenderlo, aunque se lo expliques. Y no sólo le pasa al campesino que vive en la sierra, le pasa al Estado.

Pobres porque no hay conocimiento

“Nos dicen ‘tenemos muchos problemas a los que urge una solución, pero en cuanto los resolvamos vamos a apoyar a la ciencia’; consideran que en México todos los problemas son económicos, cuando la variable es el conocimiento en el mundo moderno, no la economía. Somos pobres porque no hay conocimiento. No al revés”, precisó el investigador, quien desde hace 17 años pertenece al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, pero en ninguna ocasión han buscado para asesorar algún tema relacionado con su especialidad: fisiología celular y molecular.

Radicado en México desde 1976, luego de salir de su natal Argentina tras el golpe de Estado, Cereijido es autor de numerosos ensayos y libros de divulgación científica, entre los que se encuentran Ciencia sin seso, locura doble, Por qué no tenemos ciencia y La ciencia como calamidad. En estas obras reflexiona en torno a los obstáculos que enfrentan las personas que se dedican a esa área del conocimiento en los países en desarrollo.

Respecto de la divulgación de la ciencia en México, dijo: Es extremadamente parcial, tan parcial que es mala. Los divulgadores no enseñan por qué no tenemos ciencia, no hablan de los administradores, la burocracia, la escasez de recursos ni defienden el Estado laico porque la religión es la estructura central de la cultura mexicana. Es como si yo escribo un libro sobre la tuberculosis, pero no me permiten políticamente abordar al bacilo de Koch.

Agregó: “Los divulgadores para hacer interesante la ciencia destacan casos insólitos; por ejemplo, dicen ‘¿sabías que si el hombre saltara como una pulga podría llegar a la punta de la torre Latinoamericana? ¿Sabías que hay agujeros negros tan poderosos que se comen toda una galaxia?’ Se acostumbró a la gente a ver a los científicos como personas que vivimos de coleccionar pendejadas”.


¿Es privatizadora la reforma? Sí


http://www.jornada.unam.mx/2013/04/18/opinion/026a2pol

Manuel Pérez Rocha

El incentivo de un buen maestro lo constituye el avance de sus estudiantes, esa es su mayor satisfacción y lo que da sentido a sus afanes. Un buen maestro es aquel que tiene la pasión, el compromiso de lograr que sus estudiantes progresen porque los valora como personas, porque los respeta y los aprecia. Si un maestro tiene esta actitud vital, y el Estado garantiza las condiciones laborales y materiales adecuadas, lo demás vendrá por añadidura. Los reconocimientos, las promociones, los estímulos económicos –conceptos que dirigen a la mal llamada reforma educativa–, son sobornos que se practican en los medios empresariales (y en otros ámbitos) para lograr que los trabajadores realicen tareas que en sí mismas no les interesan, les desagradan, los enajenan. Para los patrones, los trabajadores son sus subordinados, sus empleados (según la etimología de esta palabra, sus doblegados); sin los sobornos no es previsible que hagan las cosas como quiere el patrón o el jefe. Esta no es la relación que ha de establecerse entre el Estado y el magisterio.

Hay quienes opinan que las motivaciones externas a los maestros, los estímulos, no hacen mal pues, argumentan, refuerzan sus motivaciones intrínsecas, o remedian su ausencia. Falso: esos sobornos causan destrozos en las actitudes de los individuos y en las relaciones de los cuerpos académicos. Sobre esto no es necesario especular, esos perjuicios son ya resultado grave de la aplicación prolongada de los mecanismos de soborno en todos los niveles de nuestro sistema educativo: la carrera magisterial en la educación básica, los diversos programas de estímulos en la educación media y superior, el SNI en la investigación.

La educación pública democrática nada tiene que ver con los antivalores en que se sustentan las actividades empresariales. La educación pública democrática no es siquiera un servicio más del Estado benefactor. La educación pública democrática es un derecho humano básico, esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En la educación pública, el Estado democrático realiza, como en ninguna otra responsabilidad, una función social e histórica esencial. La Constitución establece que la educación que imparta el Estado debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; no es una educación que se limita a capacitar para el empleo, o a enseñar a leer y manejar las matemáticas (como ordena la OCDE). Es una educación integral que comprende el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no solamente el entrenamiento en competencias.

Los valores definidos por el artículo tercero de la Constitución, tal como lo redactó el Constituyente surgido de la Revolución, están en el polo opuesto del individualismo y la competencia que reina en el mundo empresarial. De manera reiterada, la Constitución establece como sujeto un nosotros. Dice de la educación: atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. La educación que imparta el Estado debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

La reforma impuesta con precipitación irresponsable por los intereses políticos del nuevo gobierno institucionaliza antivalores que contradicen esta filosofía. Consagra al maestro como “ homo economicus” y a la escuela como una estructura jerárquica en la cual el director es considerado como un líder (sic) que ha alcanzado este puesto de privilegio, esta promoción, por medio de la rivalidad con sus colegas (concursos). Los maestros quedan como empleados cuyos ingresos y permanencia están sujetos a los resultados de evaluaciones. Ha quedado desechada como una utopía, o una ingenuidad, una organización escolar horizontal, democrática, que permita la construcción de comunidades de aprendizaje.

Por supuesto, tienen que extirparse del sistema escolar los escandalosos vicios que en materia de contratación y designación de funcionarios introdujeron, en complicidad, la dirección del SNTE y los gobiernos del PRI, y consolidaron los del PAN, y que han sido combatidos por la CNTE. Pero este grave problema no se va a resolver con la adopción de los antivalores y modos de operación de las empresas privadas, en las cuales la moda es confiar en los liderazgos y la compra de las voluntades de los empleados. La reforma educativa necesaria exige cambios de fondo, de concepción, propios de la trascendental función pública de la educación. Las funciones de dirección y supervisión deberían ser asumidas colegiadamente y definidas como un servicio, no como una promoción o estímulo que generan codicia; esos concursos que se presentan como una panacea se traducirán en la destrucción del tejido social de la institución y en el desarrollo de todo tipo de corrupciones.

La reforma se desentiende de la responsabilidad del Estado en cuanto al sostenimiento de la educación pública. Niega a las escuelas la necesaria autonomía que deberían tener para resolver los problemas propiamente educativos, en cambio determina esta autonomía (¿abandono?) en el ámbito económico. Sin hacer la menor consideración acerca de la obligación del Estado de atender las necesidades materiales de las escuelas, se asigna a éstas, como si se tratara de entes privados, la responsabilidad de gestionar ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Esta autonomía económica es una puerta más para que intereses privados mercantiles hagan negocios en las escuelas.

No faltan, pues, razones para que los maestros vean en estas reformas una política de privatización. Por supuesto, el gobierno no va a ofrecer en venta las escuelas. No, la privatización consiste en la imposición de los antivalores y las formas de operar de las empresas privadas en el sistema escolar público.


Hay que impulsar equipamiento de cómputo en educación: Chuayffet


http://www.jornada.unam.mx/2013/07/10/sociedad/039n2soc

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de julio de 2013, p. 39

Reciben 58 profesores y asesores indígenas Becas Semilla.

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, afirmó que México no puede quedarse al borde de la digitalización y advirtió que es necesario impulsar el uso de equipamiento de cómputo en el sistema educativo, pues de lo contrario en poco tiempo vamos a ser analfabetas en relación a este modo de leer y escribir.

Tras concluir la entrega del Programa Becas Semilla, acto al que acudió el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, el funcionario destacó que el fin pedagógico de los programas de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es que el aprendizaje se vea favorecido con la digitalización.

Cuestionado sobre el programa piloto para entregar 2 mil 400 tabletas a alumnos de quinto y sexto grado de primaria en Morelos, Guanajuato y Querétaro, destalló que una vez que se donen los equipos dará a conocer la lista de empresas que participan en el proyecto, aunque aclaró que no se establecerá ningún compromiso posterior con ellas.

En tanto, el embajador Wayne destacó la colaboración entre ambos países para fortalecer la formación de docentes y alumnos en campos que van desde el impulso a la pequeña y mediana empresas, la educación en primarias indígenas y el fortalecimiento en las habilidades del liderazgo.

Durante su participación en el acto, donde se entregaron becas a 58 jóvenes indígenas, profesores y asesores pedagógicos –cofinanciadas por ambas naciones–, quienes cursarán programas educativos en universidades y colegios de Estados Unidos, Anthony Wayne, aseguró que ambos gobiernos comparten la necesidad imperativa de promover una prioridad, la educación.

Chuayffet Chemor señaló que México es un país donde conviven cerca de 14 millones de niños, jóvenes y adultos indígenas, quienes hablan 68 lenguas y 364 variantes dialectales, además del español, por lo que aseguró: tenemos la encomienda de que ningún niño indígena en México experimente un sentido de inferioridad que atente contra su motivación para aprender.

El Programa Becas Semilla, instituido en 2003, se ha dirigido a 279 jóvenes, 195 maestros y a 75 asesores académicos de comunidades indígenas mexicanas, quienes han cursado diplomados, cursos y carreras técnico-profesionales en diversos campos.


Prevalece en secundaria modelo para adolescentes de hace 40 años


http://www.jornada.unam.mx/2013/07/10/sociedad/039n1soc

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de julio de 2013, p. 39

Frenar la deserción implicará revisar la currícula y su estructura: Martínez Olivé.

Debe garantizarse la permanencia con un sistema de más estímulos porque los jóvenes han avanzado y se han abierto al mundo, mientras la escuela no lo ha hecho al ritmo que debiera, señala La educación secundaria ha dejado de ser atractiva para niños y jóvenes, pues ya no está respondiendo a quienes son los adolescentes actuales, afirmó la subsecretaria de Educación Básica, Alba Martínez Olivé, quien destacó que la escuela secundaria mantiene un sistema formativo que fue diseñado para jóvenes de hace 30 o 40 años.

Pese a que desde la administración de Vicente Fox la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó la reforma integral a la educación secundaria (Ries) para, entre otros fines abatir la deserción, enfatizó que para el próximo ciclo escolar 2013-2014 una meta será garantizar que los chicos permanezcan en la escuela, y encuentren un sistema con más estímulos, porque los muchachos han avanzado, se han abierto al mundo, mientras la escuela no lo ha hecho al ritmo que debería.

En entrevista, luego de participar en la entrega del Programa de Becas Semilla en la sede de la SEP señaló: No teníamos demasiado claro que se nos estaban yendo los muchachos de secundaria. La percepción era que esto ocurría básicamente en educación media superior y se focalizó en este nivel educativo. Hoy sabemos que también tenemos un problema serio en la secundaria, explicó.

Por ello, advirtió que frenar la deserción escolar en la enseñanza media implicará la revisión de la currícula, pero también analizar cómo está estructurada la secundaria, de tal manera que podamos pensarla como una escuela para los jóvenes, donde los adolescentes se sientan reflejados, que sus intereses se atienden y que están donde pueden aprender.

Cada año más de un millón abandona las aulas: INEE

De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sistema educativo nacional expulsa de sus aulas a 342 mil alumnos de secundaria por año, es decir, 5.6 por ciento de su matrícula total, que es de poco más de 6 millones de alumnos en todo el país.

Advierte que mientras en primaria el porcentaje de estudiantes que abandonan las aulas es de 0.7 por ciento, es decir, 105 mil menores, en bachillerato se eleva a 625 mil jóvenes, lo que representa 14.9 del total de quienes logran inscribirse en educación media superior.

En total, destaca el INEE, cada año desertan de las aulas de educación básica un millón 75 mil adolescentes, lo que representa 3.6 por ciento del total de la matrícula nacional para esos niveles educativos.

Las principales causas del abandono escolar en secundaria, destacó Martínez Olivé, es la distancia que existe entre quienes son estos jóvenes que acuden a la escuela, que conocen los medios, que leen en Internet, que tienen acceso a información diversa, y que llegan a un sistema hecho para quienes eran adolescentes hace 30 o 40 años, donde no tienen toda esta serie de estímulos.

Reconoció que garantizar su permanencia en el aula y que logren los aprendizajes esperados no será una tarea sencilla, por lo que los consejos técnicos escolares impulsan que los docentes analicen esta situación y puedan tomar decisiones.

Según el resumen del Sistema Educativo Nacional para el ciclo 2011-2012, en México se matricularon 6 millones 167 mil 424 alumnos en secundaria, lo que representa poco más de 17 por ciento de la matrícula nacional.

En cuanto a su tasa de absorción de menores que han concluido la primaria, la SEP destaca que alcanza 97 por ciento, pero mantiene una eficiencia terminar de 84.2 por ciento.