Se despojó de ética al proceso educativo y se perdió el sentido social de la formación


http://www.jornada.unam.mx/2013/04/22/sociedad/040n1soc

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Lunes 22 de abril de 2013, p. 40

Exponen especialistas los factores que trazaron la ruta del desastre actual.

Desde los años 70 México enfrenta un deterioro que se profuundizó con reformas fallidas.

Desde los años 70 del siglo XX, México enfrenta un proceso de deterioro de su sistema educativo que se ha profundizado con la aplicación de reformas curriculares y administrativas fallidas, advirtieron especialistas. son cambios que han propiciado que se pierda el sentido social de la formación. Al proceso educativo se le despojó de una ética.

Esto se tradujo, explicaron, en un empobrecimiento de la formación docente, pero también en una transformación de la forma en que opera la escuela, donde impera una visión individualista de la educación.

Investigadores de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM), Pedagógica Nacional (UPN), del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) coincidieron en señalar que factores como la explosión del demográfica y la demanda de acceso a la educación básica, evidente desde los años 70; el descuido en la formación inicial de los docentes; su creciente burocratización sindical, así como la entrega, desde el gobierno federal, de cargos administrativos a dirigencias gremiales, trazaron la ruta de un verdadero desastre educativo.

Sin embargo, alertaron, hoy se quiere encontrar un solo culpable: el maestro. Sin reconocer que ha sido sólo un elemento de una larga lista de desaciertos, que aún no podemos corregir.

Lucía Rivera Ferreiro, profesora de la UPN y experta en el sistema educativo nacional, señaló que pasamos de la construcción, en los años 30 y 40, del docente como un agente comunitario con el compromiso de impulsar un proyecto de nación, a vivir la docencia como una profesión de riesgo, donde lo importante es no meterse en problemas y mantener un empleo en condiciones cada vez más precarias.

Agregó que el deterioro de la calidad educativa en el aula se profundizó con la firma en 1992 del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, con la que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari dio un golpe maestro.

Hasta entonces, explicó, las modificaciones en el sector habían sido esencialmente curriculares, de contenido en los libros de texto gratuitos, y en la formación continúa de los docentes, pero no se había tocado la forma en que operaba la escuela.

Pero con el arranque del proceso de modernización educativa, que desde finales de los años 80 había dado sus primeros pasos, a la par de una omnipresencia cada vez más evidente del gremio magisterial en cargos del sistema educativo, se plantea una transformación que implica reformas de planes y programas, en la formación del maestro y en cómo se debía trabajar en la escuelas. Todo opera bajo nuevas reglas.

Se impulsa una transformación, agregó Lucía Rivera, de gran calado donde la educación deja de ser concebida como un derecho humano y un bien social cuya responsabilidad en el acceso, pertinencia y permanencia recae en el Estado, a ver la educación como un servicio, una mercancía, un objeto de asistencia social, e incluso, de caridad.

En entrevista, Ruth Mercado, experta en formación docente del Cinvestav, alerta que hoy se identifica el deterioro educativo con los bajos rendimientos obtenidos en las evaluaciones de alumnos de formación básica, sin considerar que se trata de pruebas estandarizadas que técnicamente adolecen de innumerables defectos.

Los malos resultados, dijo, son atribuidos a los maestros, como si no fueran parte de todo un sistema educativo que ha mostrado en su conjunto, desde sus más altas esferas, un mal funcionamiento en la aplicación de programas y en la gestión escolar.

Agregó que hay una escasa atención a muchos de los programas para los cuales los docentes no son capacitados, los cuales llegan siempre a las escuelas sin considerar las verdaderas condiciones de trabajo del profesor, por lo que están condenados al fracaso, incluso antes, de que lleguen a los salones.

Juan Manuel Rendón Esparza, ex director y catedrático de la BENM, coincidió en afirmar que el punto de quiebre en el deterioro educativo en México se genera con la descentralización educativa. A partir de ese momento se profundiza la asfixia de las normales, con el abandono financiero y académico.

Recordó que desde la reforma de 1984, con la que modificaron planes de estudio y materiales pedagógicos, inició un proceso de transformación de la instituciones formadoras de docentes, las cuales lentamente fueron adoptando una visión más neoliberal de la educación.

Al respecto, Alberto Padilla Arias, catedrático de la UAM, experto en procesos educativos, afirmó que ante este escenario, no se puede soslayar el papel del corporativismo sindical en un proceso de burocratización del magisterio, que ha tenido un efecto muy negativo en la práctica docente.

Agregó que los factores del desastre educativo son múltiples, pero la solución debe incluir a los maestros, pues sin su participación y un verdadero compromiso, las propuestas que presente la autoridad educativa serán sólo un discurso.


La medida de una nación


http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/03/63373.php

Porfirio Muñoz Ledo

El doctor Hugo Aboites, distinguido pedagogo, ha publicado un volumen de consideración: La medida de una nación. Se trata de un recuento pormenorizado de los objetivos, logros, metodologías y resistencias que han señalado casi 30 años de la evaluación educativa en México, periodo que coincide con la implantación del ciclo neoliberal.

Los días que corren hacen del título un recordatorio sugerente de lo que se encuentra detrás de los acontecimientos que condujeron al arresto de Elba Esther Gordillo, cuyo comportamiento no es un caso aislado, sino antes bien sintomático y notoriamente ejemplificador del acontecer político nacional; en particular de las profundas desviaciones en que incurrió nuestra transición hacia la democracia.

Uno de los hechos inocultables de la vida pública del país es la impunidad que ha acompañado a un gran número de los miembros de la clase política, cuyas fortunas suelen ser inmensas y quienes sólo en muy contados casos han merecido sanción, casi siempre por motivaciones políticas y no como resultado de un genuino combate a la corrupción. Se olvida con frecuencia que uno de los propósitos centrales de la democratización a la que nos lanzamos era la implantación de un Estado de derecho, en lo que fracasamos estrepitosamente.

La evolución política de México exigía una depuración del aparato corporativo y de la red de complicidades que lo vinculan al poder público. La alternancia en el 2000 abría una oportunidad excepcional para ello, pero ocurrió lo opuesto. El sistema sindical permaneció campante y el SNTE se convirtió en brazo de operación política dentro de los restos del antiguo sistema, con lo que se eludió un cambio que hubiera instaurado mayorías políticas transparentes.

Lo más turbio fue acaso el empleo del aparato sindical para torcer el sentido de las elecciones mediante el fraude, a cambio de nuevas prebendas que ahora se utilizan como cargos en la acusación penal. Nada que no hayamos sabido y denunciado, sin que se hiciera por corregir los entuertos. Lo que hoy se estima criminal fue en su momento uno de los pilares para la conquista del poder y la legitimación del sistema.

A lo largo de los años se toleró y auspició la injerencia indebida de las dirigencias sindicales en la conducción de la educación. Los mandos intermedios y aún altos del sistema respondían a la lógica del reforzamiento del poder gremial y con frecuencia representaron un obstáculo para emprender reformas indispensables. Subrayo que no se trata de una persona, ya que hubo antes otros caudillos, sino de todo un sistema que ahora debiera ser desmontado para proceder a una auténtica democratización del magisterio.

El cambio político que México espera no reside en el fortalecimiento a ultranza del sistema presidencial con aires de “maximato”, sino en una reforma profunda de las instituciones. Pronto sabremos si los compromisos adquiridos por los partidos tienen veracidad y viabilidad. Varios de ellos tienen que ver con la democracia, tanto en su vertiente electoral como en la protección de los derechos humanos, la descentralización de la autoridad, la rendición de cuentas y el equilibrio de los poderes.

Requerimos una nueva moral pública. Pienso en un renacimiento del pluralismo político, del pensamiento crítico y en un desarrollo de ciudadanía, a efecto de no retroceder a la cultura del unanimismo. Lo que hoy ocurre tendríamos que observarlo desde la perspectiva de la historia. Hemos llegado a donde estamos porque se frustró un periodo crucial de cambio. Valoremos la medida de la nación. Vayamos a la raíz de los hechos que condenamos para abrir un futuro democrático asequible.


Espiral - La Educación por encima del escándalo





Contrarreforma constitucional y privatización de la enseñanza


http://www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/027a1pol

Luis Hernández Navarro

La reforma educativa privatiza la enseñanza, aseguran los maestros democráticos que la rechazan. No es cierto, aseguran los políticos, empresarios y periodistas que la impulsaron, aprobaron y defienden. ¿Quién tiene la razón?

Privatizar significa transferir una empresa, un bien o una actividad del sector público al sector privado. Privatizar implica ceder a particulares, por la vía de la venta, la transferencia, la subrogación o la asociación, áreas, responsabilidades y activos públicos.

Eso es lo que hace en el sector educativo la reforma constitucional recientemente aprobada. Y no porque venda a empresarios escuelas o mobiliarios. Como sucede en casi todo el mundo, la privatización de la enseñanza en México es un proceso que tiene muchas caras. Y la venta de bienes es sólo uno de esos rostros.

La reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas. Lo hace facilitando la penetración de la mano invisible del mercado a través de la promoción, dentro del espacio público, de la lógica, normas y concepción del mundo empresarial. Y lo favorece, también, al allanar el camino para la subrogación de servicios y el subsidio al sector privado.

Punto clave en la privatización es el otorgamiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Según los promotores de la nueva norma, ésta propiciará que los recursos públicos lleguen a los centros escolares y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. No es así: la legislación deja paso franco para que, en nombre de esa autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas como si fueran colegiaturas, se permita la entrada a los centros escolares de empresas que proveen recursos y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Lo que se facilita, en realidad, es que se cuelen a las aulas gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares.

La autonomía de gestión escolar profundiza las desigualdades socioeconómicas y rezagos ya existentes en los centros escolares. Pone a cada escuela a "rascarse con sus propias uñas". Oficializa y legitima la existencia de planteles educativos de primera, segunda y tercera categoría. Crea las condiciones para que programas compensatorios tales como becas, desayunos, desaparezcan, delegando su responsabilidad en entes privados, sean filantrópicos o asistenciales.

Según sus promotores, la reforma busca que, en el marco de esta autonomía, sea la escuela la que administre los rubros de infraestructura y compra de materiales educativos, resuelva problemas de operación básicas y propicie condiciones de participación. Sin embargo, como señala el profesor Luis Hernández Montalvo, el Reglamento Interior de Trabajo de las Escuelas Primarias de la República Mexicana, establecido en 4 de octubre de 1966, ya permite esto.

Con la reforma se crean las condiciones para avanzar en la introducción del modelo de "escuelas chárter", financiadas con dinero público, pero administradas como instituciones privadas, que en Estados Unidos han resultado un fracaso.

Una cara más de la privatización es la creciente influencia de la lógica del libre mercado asociada con la rendición de cuentas basada en la realización de exámenes estandarizados, como principio fundamental de la gestión educativa. En su libro La muerte y la vida del gran sistema escolar estadunidense: cómo los exámenes y la elección están destruyendo la educación, Diane Ravitch lo explica: “Yo lo llamo el movimiento por la reforma empresarial –dice–, no porque todos quienes lo apoyan están interesados en obtener ganancias, sino porque sus ideas provienen de conceptos empresariales como competencia y objetivos, recompensas y castigos, y "réditos sobre las inversiones". En contraste, los educadores hablan de currículum e instrucción, desarrollo infantil, pedagogía, condiciones de aprendizaje (como la cantidad de alumnos en cada salón), recursos, condiciones de vida de los estudiantes que afectan su salud y motivación, y relaciones con las familias y las comunidades”.

Uno de los rostros de la privatización es la subrogación y contratación de los servicios educativos, similar a la que el IMSS prohijó a través de lo que Gustavo Leal bautizó como "guarderías patito". Mediante este mecanismo de asociación público-privada, se transfiere a agentes privados la realización de obras, estudios, evaluaciones, que son responsabilidad de los gobiernos federal o estatales. Los negocios hechos (y por hacerse) a su amparo son, como demuestran Enciclomedia y el Programa de Habilidades Digitales, multimillonarios.

Con frecuencia, esta subrogación de servicios se justifica con el pretexto de la vigilancia ciudadana en las tareas educativas. Los investigadores de la UPN Marcelino Guerra y Lucía Fierro documentaron el involucramiento y participación en asuntos de la enseñanza pública a escala nacional de entidades civiles como Transparencia Mexicana, Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación Televisa y Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa SC.

Finalmente, otro de los semblantes de la privatización (quedan pendientes de explicar varios) es la tendencia creciente del gobierno federal a subsidiar al sector privado. Por ejemplo, el decreto presidencial de Felipe Calderón para deducir impuestos hasta ciertos montos en las cuotas para educación privada es una forma de transferir recursos a las escuelas privadas. La reforma recién aprobada no dice una sola palabra de este asunto.

Los maestros democráticos tienen razón cuando señalan que la contrarreforma educativa es un paso más en la privatización de la enseñanza. Al oponerse a ella están defendiendo la educación pública.


Ahora o nunca


http://www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/026a2pol

José Blanco

"Nunca" no es un absoluto. Pero sí se refiere a plazos indefinidamente prolongados. México vive horas de una oportunidad decisiva para su futuro, que coexiste con una mezcla de crispación social y voluntades y opiniones que tiran en todas direcciones sin orden ni concierto en el tema educativo. Si bien este maremágnum no llevará la sangre al río, puede, sí, desembocar en la estación histórica en que ha permanecido: "nunca se iniciará la reforma educativa". Y si nos atenemos al pasado, puede llegarse a un "arreglo" donde las aguas políticas vuelven a su cauce y las apariencias digan ¡logramos la reforma educativa!

Hace unos días Luis Videgaray dijo que la productividad en México ha estado prácticamente estancada en los 30 años recientes. Los funcionarios suelen barrer este tipo de gravísima realidad, bajo la alfombra. Significa que los empresarios mexicanos han debido aplastar los salarios para conservar o aumentar sus ganancias, más aún en un mundo globalizado, encarnizadamente competitivo.

Aumentar la productividad requiere inversiones públicas y privadas, e innovación tecnológica permanente, pero estos componentes son casi estériles sin una sociedad altamente instruida y capacitada. En Posibilidades económicas para nuestros nietos (1930), Keynes escribió: “La avaricia es un vicio, la potenciación de la usura es una culpa, el amor por el dinero es despreciable… Volveremos a apreciar de nuevo los fines por encima de los medios y preferiremos lo bello a lo útil”. Esas infectas excrecencias viven hoy un apogeo, y espero también que un día prefiramos lo bello sobre lo útil. Dicho lo anterior, subrayo que una creciente humanización requiere ambos valores, y que en México muy poco hemos hecho por lo útil, entendido en su expresión mayor: ciencia, tecnología, en todos los campos del hacer humano.

Pareciera que vivimos la conspiración de los contrarios: todos juntos hacer imposible abrir las puertas de una educación que conduzca a los altos valores morales, estéticos, científicos, democráticos, que nos lleven hacia un desarrollo humano y civilizado.

"Aún no se ha dicho la última palabra, somos cientos de miles de maestros los que nos oponemos" a la reforma de la Carta Magna, dice un "comité democrático" del SNTE. La CNTE se halla en "alerta máxima" y lista para llevar a cabo una huelga nacional, si lo estiman necesario. Simultáneamente el Senado cuenta ya con cinco ternas para integrar el Instituto Nacional de Evaluación, frente a lo cual algunos "expertos" anónimos han dicho que se trata de un proceso político que orillará a los especialistas propuestos a alinearse políticamente con la reforma educativa.

Adicionalmente parecen estar ya en el Congreso tres leyes secundarias reglamentarias de los artículos constitucionales reformados, de las que sólo sabemos que son tres.

Los profesores de Oaxaca, Guerrero, algunos de Morelos, Tabasco y Michoacán –que esperan se les sumen todos los profesores del país–, haciendo marchas a diestra y siniestra –y cometiendo en algunos casos actos ilícitos menores–, y en voz cada vez más exaltada expresan su oposición encrespada a la reforma educativa. Es decir, por lo pronto luchas contra entelequias y fantasmas.

El alma de la educación es lo que ocurre en el aula. Lo que ocurre hoy ahí en México es un desastre: eso es muy principalmente lo que debe ser reformado: la relación alumno-profesor, los contenidos, métodos, modelos pedagógicos y educativos, la gestión que los profesores hacen del conocimiento que han de lograr que sus alumnos se apropien: eso es lo que centralmente debe ser reformado. Pero en círculos concéntricos cada vez más amplios, debe ser reformada la organización institucional en la que se apoya el proceso educativo; la gestión institucional de la escuela y del sistema educativo, las condiciones de trabajo en que operan los profesores; la formación de los profesores y los términos de la carrera magisterial. Sería demagogia pura sostener que cualquiera de los actores que viven dentro del sistema educativo actual, está formado intelectualmente para aportar ideas, conocimientos e innovaciones para contribuir a la reforma educativa aludida.

Los profesores del siglo XXI deben ser formados y hoy no pueden ser evaluados para nada más que no sea saber cuál es el estado del que se va a partir en cada entidad y región del país. Esta formación ha de ser ampliamente diversa porque las brechas que es preciso cerrar son muy grandes.

Un hecho educativo es un acto de libertad y creatividad. Pero no en abstracto, sino una libertad para conseguir resultados concretos. Para ello es preciso formular un currículo nacional básico, con objetivos nacionales y directrices generales. Al final de la escuela básica primaria, los alumnos deberían pasar por una evaluación nacional. Las calificaciones de este examen no tienen que ser entregadas a los alumnos, sino a las autoridades educativas para que ajusten sus programas a efecto de que escuelas y profesores alcancen los objetivos nacionales.

Las entidades federativas adecuarían ese currículo general, a las particularidades de la entidad, y aún debe quedar espacio de libertad, para que las escuelas planeen sus programas y los profesores tengan la suya para escoger las estrategias educativas que ellos crean necesarias –en el marco de los métodos modernos–, para que en conjunto todos los niveles de la educación básica estén diseñados de manera encadenada, a efecto de garantizar un aprendizaje efectivo en términos de los objetivos nacionales. De manera análoga debería hacerse con la escuela secundaria.


México: momentos inquietantes


http://www.jornada.unam.mx/2013/04/16/opinion/026a1pol

Ana María Aragonés

México vive un momento sumamente crí­tico que no puede ser analizado desde una sola perspectiva, la que ahora es más visible: el conflicto magisterial ante la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno. Sin duda que está creciendo en forma preocupante y esto se debe, fundamentalmente, a la obcecada negativa del gobierno central a dialogar y tratar de entender que México son muchos Méxicos y, por tanto, no se puede estandarizar una ley cuando las condiciones son tan diversas a lo largo y ancho del país. La posición autoritaria del gobierno es la que está llevando a la radicalización de las posiciones, como es natural. Algunos datos que ofrece la SEP permiten comprender las enormes diferencias. Por ejemplo, cuando vemos el gasto por infante inscrito en la educación básica en cada entidad, se observa que Baja California es el estado que más recursos gasta en este rubro, con un monto de 12 mil 407 pesos por alumno, muy por arriba del monto nacional que se encuentra en 4 mil 36 pesos. Y por supuesto muy superior al que reciben los estados involucrados en las protestas magisteriales. Michoacán, en el lugar 18, se encuentra muy por debajo de la media nacional, con un gasto por alumno de 2 mil 959.5 pesos; en Guerrero (posición 21) se gastan 2 mil 585.4 pesos y Oaxaca (lugar 21) presenta un gasto de 543.2 pesos. Estos son los datos que la reforma educativa no ha tomado en cuenta y que por supuesto marcarían la enorme urgencia de un gasto más racional y equitativo.

Otra noticia muy lamentable es la de los llamados "rechazados" de los aspirantes a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es increíble que de los 126 mil 753 estudiantes que presentaron el examen de selección para ingresar a algunas de las más de 100 carreras que ofrece la universidad, sólo fueron seleccionados 10 mil 916, es decir, 8.6 por ciento. Cómo es posible que se hable de una reforma educativa y, sin embargo, no se proponga ningún cambio integral que involucre a los jóvenes. La mayoría de estos jóvenes pasaron por enormes adversidades para terminar sus estudios, pues las condiciones de las familias no son las más boyantes. Sin embargo, ahora no pueden continuar sus estudios porque la matrícula es totalmente insuficiente. Se les lanza materialmente a la calle, cuando se trata de una población que debería ser apoyada, alentada, respaldada, pues representa la posibilidad para que el país se desarrolle, lamentablemente asignatura que sigue pendiente. México hace todo lo contrario de lo que han hecho otros países, como Corea del Sur, cuya prioridad para salir del subdesarrollo fue la educación, y por eso el mayor gasto fue invertido en ese rubro. ¿Qué van a hacer estos jóvenes si no se les ofrece empleo ni educación, ni tampoco pueden emigrar, pues las condiciones de crisis del país vecino no están superadas?

Y para incrementar la inquietud, de acuerdo con el Cinvestav, en Estados Unidos radican más de 11 mil mexicanos con doctorado, fenómeno que se ha denominado "fuga de talentos", consecuencia, sin ninguna duda, de la raquítica inversión que hace México en desarrollo, ciencia y tecnología (0.4% del PIB).

A ello debemos sumar las noticias insistentes del Banco de México, de que las remesas han sufrido una importante disminución, lo que preocupa a este organismo, pues sin duda afecta en forma negativa a las cuentas nacionales. De 2007 a 2012 las remesas disminuyeron en promedio 3 por ciento. Sin embargo, debería preocupar más el efecto negativo que supone para los hogares rurales,para los que las divisas representaban cerca de 30 por ciento de sus ingresos corrientes monetarios. No hay que olvidar que son dedicadas principalmente al consumo básico. Históricamente esta población ha enfrentado los problemas económicos a través de la migración; sin embargo, esta posibilidad se encuentra ahora muy limitada por los problemas de empleo en Estados Unidos. Por tanto, aquí encontramos otro escenario que está exacerbando los problemas sociales internos, pues México no está ofreciendo opciones para la mayoría de ellos.

Como vemos, las noticias pueden parecer aisladas, desvinculadas, pero en realidad están formando el verdadero caldo de cultivo de la desesperanza de una parte muy importante de la población. Si el gobierno no se decide por incentivar el crecimiento interno, poniendo en primer lugar la educación, la ciencia, la investigación, la salud, y proponga una verdadera política industrial, no la maquila, y se le otorguen al campo las condiciones para alcanzar, por lo menos la soberanía alimentaria, las circunstancias estarán dadas para que el conflicto social y la crisis humanitaria crezca sin remedio.

amaragones@gmail.com


No pueden ir a la escuela 6 millones de menores de entre 3 y 17 años


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Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 16 de abril de 2013, p. 47

Reconocimiento del Unicef al "compromiso y coraje" de miles de educadores en el país

Las razones se relacionan con la lejanía de centros escolares, violencia, falta de recursos para vestirse y alimentarse, así como la ausencia de pertinencia cultural en contenidos educativos.

En México hay alrededor de 6 millones de menores de entre tres y 17 años de edad que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, aseguró Isabel Crowley, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Al participar en la inauguración del primer encuentro nacional Hacia una política de educación comunitaria para la inclusión social, organizado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la funcionaria del organismo internacional indicó que esto implica un reto para la nación.

"Las razones por las cuales se encuentran fuera de la escuela están relacionadas con la lejanía de los centros escolares, la violencia, la falta de recursos económicos para la vestimenta y alimentación, así como la falta de pertinencia cultural en los contenidos educativos."

Por ello, reconoció el "compromiso y coraje" para enfrentar ese reto de los miles de educadores que atienden a los menores de cero a cuatro años y los más de 40 mil instructores comunitarios para primaria y secundaria que laboran en las regiones más marginales del país.

En su turno, la directora general del Conafe, Alma Carolina Viggiano, indicó que en territorio mexicano hay 1.5 millones de niños que no asisten a los colegios y por tanto no pueden ejercer su derecho a la formación académica.

Indicó que la intención de este primer encuentro del Conafe es replantear la transformación de esa entidad a fin de fortalecer la educación inicial en las comunidades más apartadas del país que no tienen acceso a la escuela, pero también a los instructores comunitarios.

La funcionaria afirmó que la reforma educativa "no es un simple cambio a la ley; se trata del más efectivo detonante para ajustar el enfoque de la educación a las necesidades del siglo XXI".

Los niveles promedio de educación de quienes viven en las comunidades más marginales del país no son los óptimos, pese a los esfuerzos que se han hecho para incrementarlos.

"En la prueba Enlace estamos 23 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de aprovechamiento en español, y 22 puntos por debajo en matemáticas", explicó.

Por ello, planteó que entre los retos del Conafe está impulsar una política nacional de educación inicial y nutrición, así como fortalecer a los instructores comunitarios, pues 20 por ciento de ellos (existen 41 mil instructores y 47 mil promotores) abandona esa labor debido al bajo monto de la beca que reciben al mes: de 800 a mil 300 pesos. Aunque hay entidades como Zacatecas y Coahuila donde los niveles de deserción llegan a 34 por ciento.

El incremento en la calidad de la educación no puede ser retórico. "Ser omisos en el cumplimiento de sus tareas tiene grandes consecuencias", por eso, se elaboró un diagnóstico y hoy se trabajará con el objetivo de fortalecer la educación comunitaria.

Reconoció que se ha fallado en la selección de los instructores, debido a que se han dado metas a los delegados de tener cierta cantidad y éstos "los sacan de donde sea, los apuntan y los meten a la lista sin que estén convencidos de la labor que tendrán en las comunidades y sin saber a dónde irán".

Otro de los elementos que provoca el abandono, dijo en entrevista, es la violencia.


Transnacionales, con apetito voraz en la Cruzada contra el Hambre


http://www.proceso.com.mx/?p=338972

Patricia Dávila 13 de abril de 2013 · 54 Comentarios

Reacia a integrar en la Cruzada Nacional Contra el Hambre a organizaciones de productores agrícolas y lecheros, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció en cambio la incorporación de transnacionales como Nestlé, Pepsico y Coca Cola, así como tiendas departamentales, al programa inaugural del sexenio. En entrevista, líderes campesinos acusan al gobierno federal de fortalecer un esquema alimentario que en la última década ha favorecido a los supermillonarios del país y ha postrado en la pobreza alimentaria a 28 millones de personas.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, integró al Consejo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre –el programa federal que inició el martes 2– a transnacionales que considera “socialmente responsables”, como Nestlé, Pepsico y Walmart, señaladas desde hace tiempo por propiciar la pobreza en el campo mexicano.

En los últimos 10 años esas compañías se beneficiaron con más de 3 mil millones de dólares en aranceles no cobrados por concepto de importación y han recibido beneficios de programas federales originalmente destinados al campo.

Convocados para terminar con el hambre en 400 municipios del país donde viven 7.4 de los 28 millones de mexicanos “en pobreza multidimensional y carencia alimentaria” –según los indicadores de la Sedesol –, dichos emporios son los mayores distribuidores de productos chatarra que contribuyeron a incrementar los problemas de nutrición y enfermedades como hipertensión y diabetes, que según la Secretaría de Salud son las principales causas de muerte en el país.

Yazmín Copete Zapot, exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que empresas como Nestlé, Pepsico (Sabritas y Gamesa), Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, Herdez, Jumex, Bachoco, Sukarne y Lala, junto con Cargill y Monsanto, además de beneficiarse con más de 3 mil millones de dólares en aranceles de importación no cobrados en los últimos 10 años, en 2011 recibieron 10 mil 376 millones de pesos del presupuesto federal.

Pero además “en los últimos 25 años destruyeron las bases de la seguridad alimentaria y devastaron la producción de maíz blanco. El consumo de este grano como parte de la dieta de los mexicanos depende de Cargill y Monsanto, organismos que imponen y manipulan el mercado interno de los granos y los productos básicos, teniendo como aliados a Maseca, Minsa, ADN, Bachoco o Bimbo, mientras que el gobierno federal niega subsidios a nuestros campesinos”, denunció Copete en tribuna el pasado 28 de noviembre.

La inclusión de estos emporios en el programa que se perfila como emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto también generó reacciones de organismos internacionales. Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Intereses, recordó que en Brasil, durante el gobierno de Luz Inácio Lula da Silva, se introdujeron los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia, pero como Nestlé participó en los programas sucedió que las mujeres habilitadas como guías nutricionales se convirtieron en promotoras de la empresa en lugar de inculcar buenos hábitos alimenticios.

Finalmente Hambre Cero se suspendió por las protestas de organizaciones sociales que denunciaron los malos efectos de los productos Nestlé en la nutrición de los niños por sus altos contenidos de azúcar, sal, grasas y aditivos dañinos. Aun así, Lula da Silva aceptó que el gobierno mexicano utilizara su imagen para impulsar su “cruzada”. El 19 y el 20 de abril en la Ciudad de México participará en varios eventos, incluida la creación de un “mural contra el hambre”.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), afirma en entrevista que las transnacionales acudieron al llamado de la Sedesol para “expiar” sólo en apariencia sus culpas con “dádivas” a los hambrientos: “Al final de la Cruzada Contra el Hambre no van a erogar un solo cinco, ya que gracias a sus fundaciones sus aportaciones serán deducibles de impuestos. Al contrario, a cargo del erario, recibirán publicidad gratis como las grandes benefactoras”.

–¿Si los subsidios que reciben estas grandes empresas se canalizaran a los campesinos habría necesidad de la Cruzada Contra el Hambre? –se le plantea.

–Este año el campo tendrá subsidios superiores a 300 mil millones de pesos. Sólo que el problema no es de presupuesto sino de redistribución de los recursos. En México el presupuesto no se aplica de manera inteligente como para garantizar autosuficiencia en alimentos. Este año, sólo del Programa de Apoyo a la Comercialización que maneja la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación) estas empresas recibirán como 6 mil millones de pesos; equivale al 50% de los 12 mil millones que tiene asignados el Procampo.

“El presupuesto tiene que reorientarse a la producción de granos y alimentos estratégicos en la población del sur y el suroeste del país, regiones que concentran a la mayor parte de productores y al mayor número de personas en pobreza alimentaria. El presupuesto, los programas y sus reglas de operación están orientados para beneficiar a los consorcios y a sus productores contratistas del norte y noroeste. Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Jalisco y Guanajuato tienen el 70% de los subsidios del campo”.

Por ejemplo, menciona en Sinaloa al dueño de SuKarne, Jesús Vizcarra, quien según la revista Forbes México del pasado 15 de marzo factura más de 2 mil millones de dólares al año. Además, afirma, participan en la concentración de estos beneficios el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y los extitulares de la Sagarpa Francisco Mayorga y Javier Usabiaga, El Rey del Ajo; todos ellos con poder político y económico.

Para Correa es significativa la lista de Forbes con los 35 más ricos del país, ya que 16 de ellos fincan sus fortunas en la explotación de los recursos del campo y, en contraparte, generan pobreza y hambre entre los campesinos.

En una infografía que esa revista tituló “Rostros de la riqueza”, sólo por debajo de Carlos Slim coloca a Alberto Bailleres González y su familia, con 18 mil 200 millones de dólares. Entre otras empresas, Bailleres es accionista relevante de Femsa-Coca Cola. En el quinto lugar de la lista figuran Eva Gonda Rivera y familia, también accionista de la misma empresa, con 6 mil 600 millones.

En el octavo sitio está la familia Servitje, dueña de Bimbo, con una fortuna de 4 mil 624 millones.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1902, ya en circulación)


Con los maestros


http://www.jornada.unam.mx/2013/04/15/opinion/023a2pol

John M. Ackerman

Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.

La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.

La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la "construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo". El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.

Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.

De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.

La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB "al gasto en educación pública y en los servicios educativos". Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a "las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables". Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.

Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de "incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas". Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.

Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.

México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social.

Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo 123 que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil".

Finalmente, resulta una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación. Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no haya despidos arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho constitucional, y proponen una evaluación "democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral". Los periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.

En lugar de dividir falsamente a los maestros entre los "buenos", que dócilmente aceptan la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los "malos", que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman


La contrarreforma educativa, la ley y el orden


http://www.jornada.unam.mx/2013/04/15/opinion/023a1pol

Carlos Fazio

Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no-democracias que llegan al poder mediante la violencia, la manipulación mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica avasalladora con eje en la Constitución y el estado de derecho.

Es común que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurra al "orden" para garantizar el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas veces, los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas: bonapartismo, dictadura militar, fascismo. Otras, la oligarquía asume directamente el poder; pone al mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al Consenso de Washington neoliberal, fabrica administradores para que defiendan sus intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos.

En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración priísta no es la excepción. Está convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares, menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía y la protesta.

En la actual coyuntura, lo que ocurre en Guerrero con las marchas multitudinarias de los maestros −y también en Oaxaca, Chiapas, Morelos y el DF− viene a demostrar que una contrarreforma educativa exógena (ya que responde a directivas económicas de la OCDE), impuesta de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de representación y sin discusión parlamentaria, y vendida mediáticamente como la panacea para mejorar la "calidad" de la enseñanza −pero que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional−, está destinada a generar desobediencia civil y resistencias en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral aplicada al sector educativo, ya que está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.

Ante tal situación, la disyuntiva del régimen es negociar o reprimir. El je­fe del Ejecutivo, Enrique Peña, ha dicho que su iniciativa "no se negocia"; que asume los "costos" del uso de la fuerza contra el magisterio disidente y que en su contrarreforma educativa "no hay marcha atrás". Su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió a quienes calificó de minoría de "detractores" que "todo tiene un límite". Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva estatal. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más bloqueos en la Autopista del Sol. Y el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, insistió en que se de­be sancionar económicamente a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras formas de inconformidad. Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el gobierno intenta administrar el conflicto y que los actos de represión no detendrán las movilizaciones.

El conflicto está entrampado. Otra batalla asimétrica se libra en los medios de difusión masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso, mediante campañas de intoxicación propagandística, los "comunicadores" de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses de sus propietarios y de la plutocracia; del poder real, pues. Incapaces para el análisis, histéricos, inquisidores, y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos del periodismo, actúan como policías del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la "razón" de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y animalizan a los maestros exigen mano dura; la aplicación del garrote y cárcel para los "vándalos", "revoltosos" y "vociferantes". En sus noticiarios repiten "ad náuseam" −diría Carlos Monsiváis− imágenes verbalizadas y editorializadas (como los enfrentamientos en la Autopista del Sol entre los federales de Mondragón y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), con la intención encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva contra los educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe educativa nacional. Buscan convertir un problema social en asunto penal.

En la era de la cultura global y la tiranía de la comunicación, la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad −fórmula consustancial a todo Estado autoritario− busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, la propaganda, a través de la manipulación del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los media, que se convierte así en la opinión pública homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información.

Como en otros pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y la OCDE exhibe la verdadera cara de los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la indignidad intelectual, el del odio a la inteligencia, a la información, al libre examen, a la educación y la cultura populares. Y es un reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación clasista.


Rechazado, 92% de aspirantes a las licenciaturas en la UNAM


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Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 11 de abril de 2013, p. 7

De 126 mil 753 que presentaron examen sólo fueron seleccionados 10 mil 916.

Las cifras del concurso abarcan los sistemas de educación escolarizada, abierta y a distancia

Este año la cifra de jóvenes no aceptados en las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alcanzó casi 92 por ciento. De los 126 mil 753 estudiantes que presentaron el examen de selección para ingresar a alguna de las más de 100 carreras que ofrece la casa de estudios, sólo fueron seleccionados 10 mil 916, equivalentes a 8.6 por ciento.

Así lo indican los resultados del Primer Concurso de Ingreso a la UNAM 2013 para los sistemas de educación escolarizada, abierta y a distancia publicados ayer.

Los datos muestran que hubo un total de 135 mil 808 solicitantes (para los tres sistemas), aunque sólo se presentaron a la prueba –aplicada a principios de marzo– 126 mil 753 alumnos.

En el sistema escolarizado realizaron el examen 115 mil 112 jóvenes y fueron seleccionados 7 mil 792, en tanto que para los sistemas de educación abierta y a distancia se presentaron 6 mil 285 y 5 mil 356 aspirantes, respectivamente, y obtuvieron un lugar mil 39 en el primer caso y 2 mil 85 para la formación a distancia.

Existen dos formas de ingresar a la licenciatura universitaria: mediante los dos concursos de ingreso que se realizan anualmente (en junio próximo se aplicará el segundo) y a través del pase reglamentado, que da prioridad a la totalidad de egresados de los dos subsistemas de bachillerato de la UNAM: la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Tradicionalmente las dos carreras con mayor demanda son médico cirujano y derecho. Para la primera hubo 15 mil 842 solicitantes (para las tres sedes donde se imparte); de éstos se presentaron al examen 14 mil 852 y fueron seleccionados únicamente 276, equivalentes a 1.8 por ciento.

En tanto, para derecho, de un total de 9 mil 622 jóvenes que solicitaron el ingreso, 9 mil 115 acudieron a la prueba y 519 obtuvieron un lugar, es decir, 5.6 por ciento. En este concurso la tercera carrera con mayor demanda fue sicología, donde 7 mil 948 alumnos presentaron la prueba, de los cuales 248 (3.1 por ciento) fueron seleccionados.

A esta licenciatura le siguieron administración, con 5 mil 392 estudiantes que realizaron el examen y 419 seleccionados (7.7 por ciento); arquitectura, donde 5 mil 223 presentaron el concurso e ingresaron 333 (6.3 por ciento), y comunicación, para la que acudieron 4 mil 726 jóvenes y fueron aceptados 198 (4.1 por ciento).

En el otro extremo hubo licenciaturas en las que –sobre todo por el desconocimiento de sus contenidos, perfil profesional y campo de desarrollo laboral– el número de solicitantes es muy bajo. Este fenómeno se da sobre todo en las carreras de reciente creación y en aquellas donde se exigen prerrequisitos para su ingreso. En geociencias y literatura intercultural (ambas impartidas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia) se recibieron 29 y 46 solicitudes de ingreso, respectivamente, y fueron seleccionados 20 y 19 estudiantes.

Para historia del arte, también con sede en el campus de Morelia, 69 personas realizaron el examen y fueron elegidas 15. En la carrera administración agropecuaria se seleccionó a 21 de los 30 jóvenes que acudieron a la prueba.

Otras de las licenciaturas con baja demanda –la mayoría con prerrequisitos– son: piano (donde de 18 solicitantes, 15 obtuvieron un lugar), etnomusicología (23 aspirantes y 10 aceptados), educación musical (46 y 12) y canto (53 y 17).

Los jóvenes aspirantes que fueron seleccionados para ingresar a la máxima casa de estudios tendrán que seguir los trámites correspondientes, mismos que se pueden consultar en www.escolar.unam.mx. En ese mismo portal electrónico podrán consultar las bases del siguiente concurso de ingreso de este año y para el proceso de pase reglamentado.

El siguiente ciclo escolar en la UNAM comenzará en agosto próximo.


Profesores


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Octavio Rodríguez Araujo

En muchos municipios pobres del país los padres de familia limpian y arreglan las escuelas públicas, porque no hay empleados que lo hagan. La Secretaría de Educación Pública (SEP) no cumple con lo que debe hacer: dotar a las escuelas de locales y mobiliario dignos, de agua potable, y de empleados que hagan lo que no tienen por qué hacer los padres de los alumnos que con muchas dificultades (distancias, nutrición, ambiente familiar, etcétera) asisten a aprender. Hay casos, en poblaciones rurales, en que los niños de quinto y sexto años acuden una hora antes de las clases a hacer limpieza en sus escuelas. No debería de ser, pero así ocurre, incluso en Morelos, estado menos pobre que Guerrero.

Hay una suerte de círculo vicioso entre SEP-sindicato, que no ha cambiado donde el SNTE (¿ex gordillista?) no tiene oposición democrática, y que perjudica a los niños y a sus padres, que ya de por sí están castigados por la escasez en que viven. Aun así, estos profesores realizan un trabajo que no harían otros que atienden escuelas en las grandes ciudades o en regiones prósperas donde la penuria de los municipios pobres no es conocida.

La enseñanza en las escuelas públicas no es ni puede ser –por ahora– homogénea en todo el país, entre otras razones porque la condición de sus muy variadas regiones no ha mejorado. Compárese, aunque sea como ejercicio sociológico, el índice de desarrollo humano (IDH) de unas entidades federativas con otras, de unos municipios con otros. El Distrito Federal ocupa el primer lugar en IDH, seguido por Nuevo León; Morelos, el 16. Guerrero, Oaxaca y Chiapas se ubican en los últimos lugares, 30, 31 y 32, respectivamente. Ni qué decir de municipios como Metatlónoc, en Guerrero, donde su IDH es semejante al de varios países africanos como Sierra Leona o Burundi. No son comparables los estados con el IDH más alto con los que están en el más bajo, mucho menos la delegación Benito Juárez del DF (cuyo IDH es comparable al de países desarrollados) con San Simón Zahuatlán en Oaxaca o el ya mencionado municipio de Guerrero. Tampoco es igual ir a la escuela en autobús o en Metro que caminar en los cerros con un pocillo de pozol o pulque como único alimento. En muchos de estos lugares no hay agua corriente, no hay excusados ni papel higiénico, pero sí coca-cola y cerveza. La luz eléctrica, cuando hay, llegó hace pocos años, y sólo los ricos tienen televisión y algún vehículo de motor, y decir rico en esos municipios es un eufemismo o una exageración sólo admisible por comparación con el resto de sus pobladores.

¿Evaluación estandarizada a los profesores de primaria y secundaria? Es un absurdo y hay razón para rechazarla. ¿Cómo se va a evaluar con los mismos parámetros a un profesor de la escuela primaria pública Niños Héroes de Monterrey que de la primaria Progreso y Civilización de Malinaltepec, en Guerrero, que era una escuela pública federal y ahora transferida al estado? La misma Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), llevada a cabo por la SEP en 2009, dio como resultado que las escuelas particulares tuvieron las más altas calificaciones de sus alumnos, ocho lugares arriba de la de Monterrey mencionada ( El Universal, 5/10/09). Si los alumnos son reflejo de sus profesores, entre otras condiciones que determinan su desempeño (alimento, ambiente familiar, acceso a libros y útiles escolares, etcétera), ¿cómo se espera que los alumnos que carecen de casi todo puedan ser evaluados con los mismos estándares? ¿No debería decirse lo mismo de los profesores? ¿Viven en condiciones semejantes los profesores de los pueblos marginados que los de una escuela particular en el DF? ¿Harían éstos intercambio con los profesores de escuelas paupérrimas de Oaxaca, aunque fuera por saber qué se siente? Apuesto a que no, ni por servicio social como hacen los pasantes de medicina. No es de justicia ni de sentido común evaluar con los mismos parámetros a quienes tienen casi todo en contra para el ejercicio docente. No se les puede evaluar igual que a sus dispares pares de las grandes ciudades del país.

El gobierno federal se niega a dar marcha atrás en su reforma educativa y los profesores de los estados más pobres del país no están de acuerdo. Se habla de que con sus manifestaciones de descontento han atentado contra los intereses de terceros y que debe aplicarse la ley. ¿Qué se esperaba? ¿Que hicieran paros en los caminos de terracería de sus propias comunidades, donde no va la prensa ni hay turistas? Todos sabemos que manifestación que no altera de alguna manera la vida cotidiana en una ciudad o en una carretera ni siquiera es noticia. Por lo demás, una manifestación de descontento es legal, pues es un derecho. Si afecta a terceros, ni modo; aunque, si somos objetivos, debió dejarse un carril en la carretera para que los vacacionistas de Semana Santa, no precisamente ricos, hubieran podido llegar a su destino sin tantas horas de impotente espera.

Los priístas y sus aliados preferirían que el derecho a circular prevaleciera sobre el derecho de reunión y manifestación y que, para el caso, este derecho se ejerciera en un corral predeterminado. Recuérdese que Carlos Hank propuso en 1982 el Monumento a la Revolución como manifestódromo, sugerencia retomada por otros priístas en 2000 (Silva Herzog) y en 2012 (Beatriz Paredes). Pero se equivocan: no pueden ni deben cerrarle el paso a las progresivas expresiones de democracia participativa y regresar a los tiempos de Díaz Ordaz.

Mientras no haya en México escuelas dignas y bien equipadas en todas sus poblaciones, mientras unos profesores tengan mejores (por mucho) condiciones que otros, además de salarios desiguales, mientras los niños de unas escuelas vayan a clases sin desayunar y otros lleguen bien alimentados y bien vestidos, no se puede generalizar ni darles de golpes a los profesores que con justa indignación protestan. Si se enfrentan a la Policía Federal no es por valientes, sino por desesperados, pues ya visualizan su futuro, y éste no será mejor que su presente.

rodriguezaraujo.unam.mx


El retorno de la primavera magisterial


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Luis Hernández Navarro

Enrique Peña Nieto le declaró la guerra al magisterio democrático. El 3 de abril, en Boca de Río, Veracruz, en el foro México con educación de calidad para todos, advirtió que nadie frenará la reforma educativa y que no admitirá presiones ni retrocesos en su aplicación. No hay duda sobre el destinatario de sus palabras: los maestros disidentes demandan su abrogación.

El mandatario está decidido a convertir su contrarreforma en el buque insignia de su sexenio. En ese mismo acto, anunció que la norma marcará el rumbo de México en las próximas décadas.

Lejos de ser una reunión de análisis y reflexión, el foro de Boca del Río fue un acto político para tratar de contener la irrefrenable movilización magisterial contra la reforma; una reunión para cobijar al mandatario ante el aluvión que azota al sector educativo en el país.

En las últimas dos semanas, a pesar de estar en vacaciones de Semana Santa, los profesores se movilizaron masivamente en varios estados contra la nueva norma, animados por la locomotora guerrerense. Las protestas se desplegaron en la arena pública nacional con un vigor inesperado para el gobierno federal. El 22 de marzo, los docentes guerrerenses ocuparon la Autopista del Sol por nueve horas y forzaron una negociación. La Ceteg y el gobernador Ángel Aguirre, con el aval del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, firmaron una iniciativa de reformas a la ley estatal de educación, que destrababan parcialmente el problema. Sin embargo, pasada la Semana Santa, los diputados locales –en su mayoría miembros del partido del gobernador– desecharon sin discusión, por instrucciones del mandatario, los acuerdos pactados.

Con el SNTE descabezado, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, buscando una salida política, y los medios electrónicos y las cámaras empresariales exigiendo a gritos mano dura contra los maestros, el problema subió de tono. La advertencia presidencial de Boca del Río del 3 de abril quiso poner un dique a la expansión del descontento y mandar un mensaje de orden. Pero no sirvió, y el gobierno optó por elevar el nivel de confrontación. Ante la traición gubernamental y del Congreso local, el 5 de abril los profesores bloquearon nuevamente la carretera. La Policía Federal los desalojó por la fuerza. Los docentes se replegaron y, al día siguiente, efectuaron una numerosa marcha en Chilpancingo y lanzaron huevos y piedras al local del Partido de la Revolución Democrática por negarse a apoyar en el Congreso local sus demandas. Mañana miércoles efectuarán una gran manifestación en Chilpancingo. Decididos a transformar la lucha magisterial en un movimiento más amplio, formaron, junto a las policías comunitarias, el Movimiento Popular Guerrerense.

Desde China, el Presidente asumió la responsabilidad de la acción policiaca, y anunció su negativa a convertir al gobierno federal en rehén de pretensiones particulares o de quienes se opongan al desarrollo. Anunció que los escuchará pero no les hará caso.

Peña Nieto renunció así a conservar un espacio de maniobra en un contencioso que apenas comienza. En lugar de construir vías de salida a una protesta que puede tomar derroteros inesperados, decidió cerrar sus propios márgenes de negociación. Para él no hay marcha atrás.

La estrategia presidencial no toma en cuenta que éste no es un movimiento magisterial como el de otros años. Es novedoso, es de otro tipo, puede durar meses. La rabia y la irritación han crecido como nunca. Los maestros saben que lo que está en juego es el futuro de la educación pública, su permanencia en el empleo, su dignidad profesional, es decir, su vida misma. A los profesores les da pavor la posibilidad de perder su trabajo. Y no le creen al gobierno y a los partidos cuando aseguran que esto no va a suceder. Menos aún, con la oprobiosa campaña en su contra que ha desatado la derecha empresarial.

En los estados existe una gran inconformidad que comienza a organizarse. El SNTE está descabezado. En los estados controlados por líderes institucionales hay una creciente presión de abajo para expresar ese descontento. La posibilidad de que esos dirigentes sean desbordados por las bases es real.

En los próximos días la situación se va a complicar aún más. Han comenzado a abrirse fisuras en el edificio jurídico de la reforma. Tres jueces federales en Cholula, Puebla, concedieron a 40 maestros suspender los efectos de eventuales despidos en caso de que reprueben las evaluaciones a las que serán sometidos. El lunes la cifra había crecido a 100 mil. Este miércoles se presentarán decenas de miles de nuevas solicitudes de amparo contra la reforma.

En Guerrero, la Ceteg baraja la posibilidad de exigir la anulación de poderes. No están solos en el reclamo. El descontento contra Ángel Aguirre entre la población es real. En regiones como la Montaña y la Costa Chica, los maestros tienen una estrecha relación con las comunidades. Hay sistemas de lealtades entre unos y otros que van más allá de lo sindical. El elemento indiano-comunitario en el primer caso, y afrodescendiente en el segundo, son claves. El fantasma de la APPO cabalga por los caminos del sur.

Este lunes, excepto en Guerrero, los maestros regresaron a clases después de terminar sus vacaciones. Nunca dijeron que no lo harían. En varias entidades, comenzaron a consultar a los padres de familia sobre la posibilidad de irse al paro indefinido. Saben que la clave para que su lucha tenga éxito es que cuente con su apoyo.

Las acciones de rechazo a la contrarreforma educativa apenas comienzan. La protesta no es un capricho. Aunque no se comprenda en la opinión pública, los profesores tienen razones sólidas para oponerse a la nueva norma. Guerrero es, apenas, el primer round en estas jornadas de lucha. Cada estado definirá cómo se incorpora a ella.

El 17 de abril de 1989 estalló en el país la primavera magisterial que derrocó a Carlos Jonguitud Barrios al frente del SNTE. Hoy, 24 años después, retorna con el rechazo a la contrarreforma el espíritu de esa revuelta. El desafío se resolvió entonces por la vía del diálogo. En lugar de declararle la guerra el magisterio democrático, el gobierno haría bien en tomar nota de aquella experiencia y abrir las puertas de la negociación.


La reforma educativa: una receta para el fracaso


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Carlos Ímaz Gispert

La mal llamada reforma educativa no tiene nada de educativa, salvo que sea por su fervor por la ignominiosa e ignorante pedagogía del siglo XVII, que estipulaba que la letra con sangre entra y que aprender significa memorizar enunciados o fórmulas. Más bien, se trata de una reforma laboral disfrazada de educativa, pero con graves consecuencias negativas para los procesos de aprendizaje y para nuestros niños y jóvenes.

La reforma elevó a rango constitucional la medida tomada por el presidente Fox, en complicidad con la dirección del SNTE (con Elba Esther Gordillo a la cabeza), de crear un instituto para la evaluación estandarizada de los docentes de educación básica y media superior, cuyos resultados serían la base para definir el ingreso, promoción y permanencia en el empleo de los maestros; medida que fue complementada con el condicionamiento del ingreso económico de los profesores a la calificación que sus alumnos obtengan en una prueba de las mismas características. Es decir, una prueba externa que premia o castiga de acuerdo con sus estandarizados números y que no es utilizada en ningún país del mundo para definir el ingreso, promoción, permanencia y salario de los maestros.

Más allá de que es un despropósito elevar a rango constitucional dicho organismo, hay que decir que en su concepción y ejecución se ignora a quien se considera el más importante actor del proceso educativo: los profesores. No es con ellos, sino contra ellos. No sólo se les violenta retroactivamente su contrato de trabajo, sino que además se les excluye de su indispensable participación en el supuesto proceso de evaluación. Ni siquiera en las mal llamadas evaluaciones de los docentes universitarios (que cuando más son controles cuantitativos de productividad) esto se hace así, pues tanto en nuestro país como en el resto del mundo, éstas se realizan por comisiones dictaminadoras compuestas por sus pares y con miembros de su misma comunidad académica.

A ello, de suyo grave, hay que agregar que, en sentido contrario a todo desarrollo pedagógico y al más elemental sentido común, en la llamada reforma educativa: 1) se ignoran las serias limitaciones y sesgos culturales que las pruebas estandarizadas contienen; 2) se sustituye la necesidad de evaluar (ejercicio fundamentalmente cualitativo de los procesos, sus actores y sus condiciones) con la posibilidad de medir (cualquier peón de obra sabe que no es lo mismo medir una trabe que evaluar sus condiciones), haciendo de la evaluación un sinónimo de aquello que creen poder medir; 3) se induce a la memorización acrítica por encima de la comprensión reflexiva, al reducir la evaluación al resultado de un examen estandarizado, y 4) se asume una inexistente homogeneidad de los actores del proceso educativo (como si los alumnos, sus familias y los maestros fueran iguales en todo el país), cuando son innegables las abismales exclusiones económicas y sociales y la enorme diversidad cultural existente.

En sentido contrario, Finlandia eliminó la competencia entre estudiantes y entre escuelas, y la insustancial entelequia de la excelencia académica; prescindió de la aplicación de pruebas estandarizadas como método de evaluación para sus docentes y sus estudiantes y colocó en el centro gravitacional del proceso de enseñanza el bienestar de sus niños y jóvenes, impulsando su curiosidad, su creatividad y reflexividad. Resulta que, recientemente, Finlandia aceptó que se aplicara la prueba estandarizada aplicada a escala mundial por la OCDE (PISA) y, oh sorpresa de los tecnócratas: ¡obtuvo las más altas calificaciones!

Contra lo que se pretende con la reforma, en México no se requieren maestros iguales, sino tan diferentes como las condiciones en que trabajan y con quienes trabajan les demandan. Cualquier pedagogo del mundo reconoce que el entorno social tiene una importancia decisiva en lo que ocurre en el aula, por lo que la homogenización imaginada por los tecnócratas, además de ser una mentira, significa la pretensión de tratar a los desiguales como si fueran iguales, profundizando aún más la desigualdad existente. Sin embargo, ese será el resultado al asumir que se requiere el mismo tipo de maestro para trabajar en una comunidad rural (más aún si en ella se habla una lengua distinta al español) que en un barrio marginal o que en una colonia de clase media urbana y que se les puede evaluar igual a unos que a otros, o peor aún, aplicar un examen estandarizado a sus alumnos para calificarlos y para definir el salario y la permanencia de los docentes.

No hay en el mundo reforma educativa que prospere sin el consenso y compromiso de los maestros, y no es casual ni inventada la oposición y el descontento que, muy mayoritariamente, se ha generado entre ellos, pues se enfrentan a una receta que generará anemia pedagógica y aumentará la exclusión, la discriminación y la frustración de nuestros niños y jóvenes. Hay que escucharlos; los maestros saben de lo que hablan.


Rechazan legisladores de Oaxaca propuesta educativa de maestros


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Jorge A. Pérez Alfonso y Octavio Vélez
Periódico La Jornada
Martes 9 de abril de 2013, p. 10
Oaxaca, Oax., 8 de abril.

No es viable; es sólo un análisis y no una iniciativa, dicen.

La legislatura local rechazó el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) elaborado por el magisterio oaxaqueño, ‘‘porque no es viable’’, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Alejandro López Jarquín, quien subrayó que el documento ‘‘no tiene alcances jurídicos y es sólo un análisis, no una iniciativa’’.

El legislador perredista dijo que ‘‘una parte (del PTEO) es inconstitucional, porque va contra la reforma educativa nacional que está vigente; por tanto, es imposible legislar en esa materia, aunque un segundo aspecto que se considera importante es que recoge una realidad que vive Oaxaca en el sector educativo’’.

Agregó que a pesar de la negativa han dialogado con el magisterio, que está al tanto de la decisión, por lo que los mentores se comprometieron a presentar un nuevo plan. Para ello contarán con abogados expertos en la materia con el fin de buscar que su nueva propuesta no sea rechazada por segunda vez.

El PTEO fue entregado a los integrantes del Congreso local a finales de enero por parte de la comisión política de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Integrantes de la Comisión Permanente de Educación de la legislatura manifestaron que existe la posibilidad de incorporar a los planes estatales algunas de las propuestas que se integran en dicho plan. Sin embargo, se requieren unos 13 mil millones de pesos para su aplicación, advirtieron.

En tanto, el gobernador Gabino Cué informó que presentará este martes ante el Senado su propuesta de reforma a la Ley General de Educación, para explicar su contenido y objetivos a los líderes de las bancadas, y buscará entrevistarse con los miembros del Pacto por México.

El mandatario expuso que la propuesta es resultado de 13 reuniones de trabajo entre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Secretaría General de Gobierno, así como de la sección 22 del SNTE, donde después de discutir las necesidades y particularidades en el sector educativo se decidió conformar un grupo de trabajo para integrar dichas propuestas.

Finalmente, luego de que la asamblea estatal permanente de la sección 22 del SNTE decidió posponer el inicio de un paro indefinido de labores, este lunes se reanudaron las clases en las más de 14 mil escuelas de la entidad oaxaqueña, con la participación de un millón 300 mil estudiantes y los 74 mil profesores de la sección gremial.